El Instituto Nacional Electoral (INE) impulsó un diálogo con los Organismos Públicos Locales (OPL) de todo el país a fin de compartir las experiencias adquiridas en la implementación de acciones afirmativas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales sin discriminación y de manera incluyente.

Durante la inauguración del Cuarto Encuentro e Intercambio de Experiencias entre Consejeras y Consejeros del INE y OPL, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, aseguró que estas medidas establecen las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.

“Para la consecución de los valores de la democracia representativa se requiere la implementación de medidas en favor de la participación política de personas y de grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos”, afirmó.  

Rechazó que estas acciones puedan ser consideradas una especie de discriminación frente a los grupos que históricamente han estado aventajados en comparación con las mujeres, las poblaciones indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, las juventudes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes residen en el extranjero. 

Al enumerar cada una de las acciones afirmativas vigentes para los comicios federales en curso, la Consejera Humphrey consideró que, al cierre de este proceso, será fundamental analizar el éxito y la efectividad que tuvieron cada una de las medidas en el acceso efectivo de estos grupos para integrar la Cámara de Diputados. 

El diálogo entre autoridades es fundamental

La Consejera Dania Ravel recordó que en el proceso electoral en curso se aplicarán más acciones afirmativas que nunca, por lo que el diálogo entre todas las autoridades electorales resulta fundamental para llevar a buen puerto las elecciones garantizando la paridad y la inclusión.

“Uno de los retos más importantes que tenemos es vigilar y revisar que su aplicación incida directamente en las personas a quienes van dirigidas, pues en el pasado hemos tenido casos de simulación que van en detrimento de estos casos de vulnerabilidad”, sentenció. 

Destacó que muchas de las medidas afirmativas, protocolos o reglas que hoy se aplican a nivel federal tuvieron su origen en el ámbito local, ya que es ahí en donde se conocen las diferentes necesidades de la ciudadanía en un contexto tan diverso como el de México. 

Frente a ello enfatizó la importancia de reconocer que la diversidad se debe atender en lo particular, sin considerarse como un problema que requiere atención, sino como una de las mayores fortalezas de la sociedad. 

Se incluyen derechos de las personas con discapacidad

Al encabezar el panel “Los retos en el diseño de acciones afirmativas a nivel local en el Proceso Electoral 2020-2021”, el Consejero Martín Faz exaltó que ésta será la primera vez que se aplicarán acciones afirmativas enfocadas en las personas con discapacidad.

“Estas acciones buscan materializar mediante un piso mínimo, lo mínimo que los partidos deben tener para materializar el derecho de las personas con discapacidad a presentarse como candidatos y ejercer cargos públicos al ser parte del catálogo de derechos humanos que las autoridades del Estado debemos defender y promover”, sentenció. 

El Consejero Faz reconoció que estas medidas aún resultan insuficientes si se considera el panorama sociodemográfico del país y destacó la importancia de entender que todas las acciones deben asumirse como el primer paso para que, desde la perspectiva de progresividad, sean convertidas en ley.

Por ello, enfatizó la necesidad de que las y los consejeros asuman que constituyen el inicio de una serie de medidas y de buenas prácticas para ir avanzando hacia una democracia incluyente, ya que no sólo son perfectibles en cuanto al número o a quién van dirigidas, sino también en sus mecanismos de implementación. 

Pendiente: voto desde el extranjero para candidaturas migrantes

La Consejera Norma De la Cruz reiteró la importancia de las medidas afirmativas para la inclusión de grupos que históricamente han sido excluidos, sin que ello implique que sea una cuestión de números, ya que puede ser un sector amplio de la población.  

Explicó que en el caso de la población afromexicana en cinco años se pasó de 1.2% de quienes se autorreconocen dentro de este grupo a un 2% en el 2020, lo que obliga a una acción afirmativa para garantizar su participación. 

Señaló que la población migrante es otro de los grupos que cuenta con una acción afirmativa para participar como candidatas y candidatos a nivel federal, a pesar de la imposibilidad que tienen para votar en este proceso, lo que confió pueda cambiar en un futuro considerando que los derechos son progresivos.

“Los datos preliminares que tenemos es que en la categoría de afromexicanos hay 16 mujeres y 14 hombres en la candidaturas, mientras que en la categoría de migrantes tenemos 24 mujeres y 26 hombres, en sus respectivas candidaturas”, añadió.

Acciones afirmativas aplicadas para las elecciones locales 

Las y los consejeros electorales de los OPL compartieron sus experiencias, retos y dificultades que enfrentaron para implementar en lo local sus propias acciones afirmativas de acuerdo con las particularidades que existen en sus lugares de origen. 

Hablaron sobre las necesidades en sus estados para poder garantizar que los registros de las candidaturas para todos los cargos cumplan las disposiciones diferenciadas que se aplicaron para cada una de ellas.

Entre ellas destaca la acción afirmativa implementada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para incluir al menos una candidatura para cada grupo vulnerable, como son jóvenes y adultos mayores para Diputados locales y regidurías por el Principio de Mayoría Relativa. 

Asimismo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México expuso los obstáculos que enfrentó para materializar la elección de la Diputación Migrante plasmada en la Constitución, ante la ausencia de legislación reglamentaria que evite la simulación por parte de los partidos y coaliciones.