Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron por mayoría las nuevas reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que incluye, entre otros cambios con el castigo al nepotismo, acoso sexual y conflictos laborales, además de que blindarán la independencia de jueces y magistrados para que no puedan ser presionados en ninguna circunstancia.

El senador Ricardo Monreal (autor de la reforma), por su parte anunció que este martes se subirá al Pleno, en sesión a distancia, esta iniciativa para su análisis y posible aprobación, así como los dictámenes referentes a la remuneración de los servidores públicos, licencias laborales y padrón de usuarios de telefonía móvil, entre otras.

En cuanto a la votación en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, los senadores Dante Delgado y Juan Zepeda votaron en contra porque no se invitó a su grupo parlamentario a participar a las mesas de trabajo previas para la elaboración del dictamen, mientras que el panista Damián Zepeda se abstuvo para analizar más a fondo el proyecto. En ambas comisiones Morena, PRI PES y PRD se pronunciaron a favor de la iniciativa.

Los senadores de ambas comisiones también aprobaron la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución política y de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Carta magna.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que las personas que intenten ayudar a un ministro de la Corte o a un magistrado del Tribunal Electoral a ocultar su falta o que les otorguen tiempo para corregirla, será considerado también un “corrupto”.

Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, destacó la trascendencia del dictamen, que no es menor, pues se trata de la expedición de dos nuevas leyes y una reforma a seis apartados; sin embargo, refirió que un dictamen que, por sus antecedentes, su trascendencia y su envergadura, merece una mayor discusión donde haya más tiempo para el análisis y voces involucradas.

Criticó que la reforma amplía la discrecionalidad otorgada al Consejo de la Judicatura federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se faculta al alto Tribunal Superior de Justicia solicitar al Consejo la averiguación de la conducta de algún magistrado o juez.

Esta atribución es muy ambigua, no queda claro para qué serviría, en qué consiste esta averiguación, cómo se llevaría a cabo esta averiguación y con qué fines, pareciera que ésta podría servir más como una herramienta para vigilar o coaccionar a los jueces cuyos fallos son emitidos en un determinado sentido amenazando su independencia, puntualizó Nancy de la Sierra.

El dictamen precisa que las contralorías del Poder Judicial podrán vigilar la evolución patrimonial de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cúpula del Consejo de la Judicatura Federal.

“Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como realizar la verificación aleatoria a que se refiere el Artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Además de destituirlos de sus cargos e inhabilitar hasta por 10 años a todos los integrantes del Poder Judicial que incurran en actos de corrupción, deberán regresar el dinero que obtuvieron en beneficio y pagar una multa que puede ser el doble de la ganancia obtenida por incurrir en un delito que prescribirá hasta siete años después de haberse cometido.

Ricardo Monreal señala que se han documentado casos de nepotismo en todos los poderes y dependencias tanto federales como locales, así como en órganos autónomos; sin embargo, diversos estudios señalan al Poder Judicial como uno de los ámbitos del Estado mexicano más afectados por el nepotismo y el establecimiento de redes familiares de intereses.

Fuente: Capital México