La Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, cuya iniciativa fue remitida por el Ejecutivo Federal, el pasado 26 de marzo.

Superar dependencia energética

En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión, diputado Manuel Rodríguez González expresó que la iniciativa del Ejecutivo está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar la dependencia energética; reflejada en la importación del 70 por ciento de combustibles, “que nos convierten en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo”.

Indicó que eso es producto de una disminución del 50 por ciento de la producción de hidrocarburos de 2004-2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas, lo que afecta la economía de los hogares y las finanzas nacionales.

Para superar esta dependencia energética y enfrentar los ilícitos que se cometen en el sector de los hidrocarburos, añadió, el proponente con base en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, manifiesta que es imperativo fortalecer a las Empresas Productivas del Estado como garantes de la seguridad, soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.

Rodríguez González expuso que la reforma y adiciones propuestas están enfocadas a la actualización y armonización de los permisos. Agregó que, ante los inventarios de combustible en el país para solamente unos cuántos días, se plantea el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento que permita hacer frente a cualquier contingencia o emergencia.

Expuso que la iniciativa propone agregar una tercera fracción al artículo 51, para incorporar como obligación en el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (Sener) conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Agregó que se propone establecer en el artículo 53, la figura de la negativa ficta, al transcurrir el plazo establecido únicamente para las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Sener o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), evitando otorgar la cesión del permiso, cuando un agente no esté calificado o tenga un impedimento jurídico.

El diputado dijo que en la consideración séptima, se aborda el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, que junto con el robo de combustibles, han reducido en casi 23 mil millones de pesos la recaudación en el primer trimestre del año, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria.

Además, precisó, se ha detectado la modalidad de contrabando técnico que interna mercancías subvaluadas para omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria, perdiendo 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios en el año 2020.

Para combatir estas conductas ilícitas que también perjudican a los sectores que actúan en el marco de la ley, destacó, se propone incluir en el artículo 56, como causal de revocación de permisos la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Señaló que el tema central de la consideración octava, es el planteamiento en torno a la necesidad de incorporar en el artículo 57, la posibilidad de que la Sener o la CRE lleven a cabo la suspensión de los permisos que emitieron en aquellos casos, donde se observen conductas ilícitas, a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros.

Indicó que la continuidad de las operaciones, mientras dure el procedimiento intervención, ocupación o suspensión se daría sólo a través de las Empresas Productivas del Estado cuyas capacidades operativas y de infraestructura garantizaría la provisión del combustible en los mercados locales.

En la penúltima consideración, dijo, la iniciativa busca incorporar un artículo 59 bis, que permite a la Sener y a la CRE suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, por causas geopolíticas o contingencias naturales.

El presidente de la Comisión de Energía subrayó que para actuar eficazmente ante escenarios de desabasto, el Estado como garante de la soberanía energética, debe contar con los mecanismos para establecer la suspensión de los permisos y mantener la suficiencia energética.

Manifestó que se garantiza seguridad jurídica al permisionario, ya que podrá solicitar la terminación de la suspensión cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas, erradicadas o desaparecidas.

En la última consideración, abundó, se reconoce la necesidad de armonizar el artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos, al establecer la revocación del permiso a los permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización.

Relató que a partir del papel de la medición de petrolíferos y petroquímicos para incrementar los ingresos hacendarios, proteger a los consumidores finales y combatir el mercado ilícito, se propone reformar el régimen de sanciones, para imponer la revocación del permiso, en caso de reincidencia en las citadas conductas contrarias a la ley.

La Comisión de Energía, expuso, plantea la necesidad de iniciar de manera escalonada las verificaciones de los certificados de los permisionarios, que en la actualidad están eximidos de esta obligación para lograr el objetivo de la iniciativa.

“Ante la encrucijada que atraviesa México para lograr la seguridad energética, estoy seguro de que los representantes populares de esta Asamblea sabrán anteponer los intereses de México, votando a favor del presente dictamen”, agregó.

Se rechaza moción suspensiva

Posteriormente, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), quien expuso que la iniciativa del Ejecutivo Federal y hoy dictamen, “es una pieza legislativa violatoria de la Constitución y de diversos tratados internacionales vigentes en el país, poniendo en riesgo la inversión de las empresas permisionarias en beneficio de las empresas del Estado”.

Diputadas y diputados fijan su postura respecto al dictamen de la Ley de Hidrocarburos

En sesión semipresencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM, fijaron su posicionamiento en torno al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Fortalecer la seguridad energética 

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) expuso que con esta reforma, se está cumpliendo lo que su partido prometió al pueblo de México. “Nosotros estamos luchando contra ese robo, ese huachicoleo que se permitió y se legitimó; estamos hoy legislando para que nunca nadie vuelva a pasar y pensar que se pueden usar las leyes; estamos impidiendo que se vuelva a legislar en contra de los intereses del pueblo”.

Añadió que con esta iniciativa se detiene el saqueo que hizo por tanto años el régimen neoliberal; se pone un alto al abuso que empresarios comenten todos los días contra las y los consumidores que requieren gasolina para producir y trabajar. “Vamos a fortalecer la seguridad energética y plasmar en estas leyes la soberanía y proteger el derecho de todos los consumidores de gasolina”. 

Violatoria a principios constitucionales

Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado del PAN, mencionó que esta reforma es violatoria de varios principios y derechos constitucionales, de tratados internacionales y es una modificación que va aumentar la incertidumbre en el sector hidrocarburos y, con ello, en la economía nacional; amenaza con dejar en el limbo la inversión de empresas público-privadas en beneficio de solamente unas cuantas

Precisó que la propuesta busca revocar permisos a los particulares que no cumplan al momento de la entrada en vigor del decreto con los mínimos de almacenamiento que establezca la autoridad, lo que viola el principio de no retroactividad de la ley; será un duro golpe al Estado de derecho y amenazará inversiones presentes y futuras; se generará un retroceso de muchos años en materia de hidrocarburos; van a llover los juicios de amparo. 

La reforma producirá combustibles caros y escasez 

El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) indicó que la iniciativa es inconstitucional y el dictamen es incompleto, pues no incluye la opinión negativa  de la Comisión Federal de Competencia Económica. La reforma, dijo, producirá combustibles caros y va haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras que impiden la competencia económica que fortalece al consumidor y a Petróleos Mexicanos.  

Mencionó que, tampoco incrementa en nada la producción nacional de gasolina, petróleo y gas natural. Se debe, añadió, establecer un debido proceso para lograr la cancelación de los permisos; se tiene que hacer por autoridad competente y dar derecho de audiencia y establecer plazos.   

Se está fortaleciendo a la empresa del país

Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que los especialistas de la oposición que se invitaron a la mesa de diálogo sobre la iniciativa, señalaron que las reformas a la Ley de Hidrocarburos eran correctas y sus objetivos eran válidos.

   Mencionó que no está diciendo que “le vamos a quitar a nadie un permiso o una concesión por 12 mil pesos o 19 mil pesos y que tienen 48 horas para sustituir al permisionario o al concesionario; se está garantizando el debido proceso, no se está expropiando a nadie; se está fortaleciendo a la empresa del país”.

Existen las herramientas para combatir prácticas ilegales

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) afirmó que el actual marco jurídico es suficiente para poner mano a la obra en el combate al huachicol y al tráfico ilegal de combustibles, así “que no le den más vueltas al asunto, el gobierno ya tiene las herramientas necesarias para combatir dichas prácticas, dado que ha sido este Poder Legislativo el que se ha encargado de aprobar la legislación en la materia”.

 Consideró que se tiene que centrar el trabajo en combatir la corrupción estructural formada al interior de las empresas productivas del Estado, como Pemex y en general en todo el aparato gubernamental. “Los diputados ciudadanos reiteramos al Presidente que cuenta con todos nuestros votos para bajar el IEP´s a las gasolinas y prohibir la fractura hidráulica que son temas que deberían discutirse en la Cámara”.

Contribuye al desarrollo sólido 

De Encuentro social, el diputado Edgar Guzmán Valdéz refirió que votarán a favor porque el PES contribuye en el desarrollo sólido de la industria y porque están seguros que el país requiere de acciones para salvaguardar la soberanía energética, para privilegiar el crecimiento de la economía, impulsar el desarrollo y la competitividad de México en el mundo.

El dictamen, agregó, considera como parte fundamental la actualización de rubros como almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos, así como la renovación de permisos, además, contribuirá al desarrollo de una industria energética sustentable, competitiva y eficiente. “Retos como el desabasto de combustibles y desajustes económicos exigen un marco jurídico adecuado y competente para el almacenamiento de hidrocarburos”. 

Construir un marco jurídico para mejorar la soberanía energética

Vía plataforma digital, la diputada del PRD, Karem Zobeida Vargas Pelayo afirmó que es necesario construir un marco jurídico que obligue al Ejecutivo a ser eficiente y a los privados a mejorar la soberanía energética en una justa competencia para que el país sea productivo; llamó a generar una propuesta integral, y a crear una estrategia que cuente con una verdadera planificación.

“Estamos ante reformas legales inconstitucionales que no representan más que partes y enmiendas que ni con calzador entran dentro del marco constitucional ni de tratados internacionales. Hoy no se tienen estrategias, no se presentan diagnósticos, ni siquiera tenemos un plan nacional de desarrollo que cumpla con lo dispuesto en la ley, y por consecuencia, tenemos un plan de negocios de Pemex plagado de deficiencias”.

Fortalecer el combate de actos ilícitos

Al fijar su postura, la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) dijo que la eventual disminución de los competidores que pudiera llegar a generarse con esta reforma, podría tener afectaciones de carácter medioambiental al ya no existir incentivos para que las empresas se centren en ser más amigables con el medio ambiente y así ganar clientes.

Puntualizó que es fundamental sumar esfuerzos para poner un alto definitivo al robo, contrabando del combustible y al fraude que implica para los consumidores no recibir ni la calidad, ni la cantidad que se paga. “Los legisladores tenemos la oportunidad de contribuir a fortalecer el marco jurídico que regula al mercado. Preocupa que la reforma planteada pudiera desincentivar la entrada y reducir la oferta de combustibles al país, dado que faculta a la amplia discrecionalidad de la autoridad, sin criterios claros en su aplicación para suspender permisos.