Con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República, aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que busca combatir los privilegios, la corrupción, el nepotismo, el hostigamiento y el acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación y prevé la inhabilitación hasta por 20 años de jueces, magistrados y ministros por la comisión de faltas graves.

Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, advirtió que estas leyes tienen asuntos peligrosos, toda vez que concentran el poder en una sola persona.

“En el paso de tribunales unitarios a colegiados, es previsible que van a invadir al Poder Judicial. (…) Y si sabemos que el Consejo de la Judicatura lo domina el Poder Ejecutivo y si sabemos que ese Consejo de la Judicatura es el que va a nombrar, pues porque le damos la facultad de nombrar a cientos de magistrados, es un absurdo. Mañana te vas andar quejando de las decisiones no objetivas”, sostuvo.

Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que su bancada no avalará una reforma “que permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, que lo es al propio tiempo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está soportado por consejeros por este Senado y vinculados al titular del Poder Ejecutivo.

Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados”, aseveró.

No obstante, para la priista, Claudia Ruiz Massieu, la expedición de la Ley Orgánica, permitirá otorgarle las condiciones necesarias para robustecer su independencia.

“Contribuiremos a consolidar un Poder Judicial de la Federación mejor organizado y más funcional, gracias a la sustitución de los plenos de Circuito por los plenos regionales, así como los tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación, naturalmente se enriquecerán las resoluciones al propiciarse una mayor deliberación al interior de los órganos jurisdiccionales”, afirmó.

En tanto, el senador de Morena, Martí Batres, resaltó que la Ley evitará el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial, además se establece la paridad de género, “lo que permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios de este Poder de la Unión”.

Además, se instaurará un sistema de carrera judicial, se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados, erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces.

En el nuevo ordenamiento, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se contempla la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.

En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que va desde la sanción económica; inhabilitación hasta por 8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la hacienda pública federal; suspensión de actividades hasta por 3 años, hasta la disolución de la sociedad respectiva.

Fuente: 24 horas