Con 65 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Previamente, senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios emitieron sus opiniones respecto a esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, y que deriva de una iniciativa presidencial.

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energética, y al mismo tiempo, generará la libre competencia y concurrencia económica, además de que no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Señaló que el contrabando de petroquímicos es una actividad que ha debilitado, año con año, al erario de la nación. “El mercado negro de combustible -acotó- impacta de manera sustantiva al mercado lícito”.

Monreal Ávila recordó que las llamadas reformas estructurales, aprobadas en 2013, “presentan las características de la prevaricación sistemática, generalizada y recurrente, por lo que es necesario que las autoridades competentes tengan la posibilidad de suspender permisos para garantizar los intereses de la nación y de terceros.

La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, de la misma fracción parlamentaria, dijo que la mayoría legislativa se ha propuesto terminar con la corrupción y la impunidad, por lo que el huachicoleo, en todas sus modalidades, es uno de sus principales objetivos. Por ello, afirmó, se busca dar marcha atrás a la reforma energética de Peña Nieto, pues otorgó contratos leoninos y repartió permisos sin restricciones.

Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, advirtió que con esta reforma estamos en la instauración de un régimen de discrecionalidad. Pemex, la empresa que hoy más dinero pierde en el mundo y es la más endeudada, no puede ser la que ahora pretenda resolver prácticas que van en contra de los mexicanos.

Su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz enfatizó que no está en contra de la regulación de la industria para erradicar el huachicoleo, contrabando y el mercado ilícito; sin embargo, no se puede aprobar la facultad de suspender permisos. Al contrario, consideró, se debe incentivar confianza para la inversión privada y no eliminar la competencia.

Al emitir un voto particular, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, dijo que la reforma transgrede el principio de no retroactividad de la ley y otorga ventajas competitivas a Petróleos Mexicanos, lo que violenta la libre competencia y acuerdos internacionales. Todo ello, advirtió, provocará que se incrementen los precios de la gasolina y los derivados del petróleo.

La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta de inconstitucional, pues la Carta Magna es muy clara al establecer un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Más allá de fortalecer a Pemex, alertó, se está en riesgo de justificar prácticas monopólicas.

Por el PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso manifestó que, con un control más estricto de la importación, transporte y almacenamiento de combustibles, se brinda a las autoridades mejores herramientas para limitar la participación de grupos criminales en estas prácticas, tan dañinas para la nación.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, denunció que Pemex no ha podido incrementar la producción nacional de petróleo, mientras que la iniciativa privada si lo ha logrado, por lo que “dejar afuera al sector privado es un grave error para el país”. Esta propuesta, aseguró, es un retroceso, pues burocratizará y hará más ineficientes a los organismos públicos.