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Por Luis Serieys

Hoy regreso con nuevos bríos en esta columna sindical, luego de las imposiciones del actual Gobierno federal para beneficiar a las nuevas organizaciones creadas a partir de propuestas de sus aliados, a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que debían negar el apoyo al denominado sindicalismo oficial ligado al Partido Revolucionario Institucional.

Hoy, cuando la Cámara de Diputados decide entrar a un perverso juego de divisionismo en el sector de los trabajadores al servicio del Estado, es tiempo de hacer un poco de historia y señalar que, pulverizar al sindicalismo de los servidores públicos, provocará un caos que sólo beneficiará las imposiciones gubernamentales en materia laboral del apartado “B” del 123 constitucional.

Primero recordemos algunas fechas importantes que dieron origen a la organización federativa de los sindicatos de los servidores públicos tales como:

En 1935 nace el primer antecedente como la Alianza de Organizaciones de Trabajadores del Estado; para 1936 esa organización se transforma en Federación Nacional de Trabajadores del Estado. Durante su primer Congreso Nacional, ya en 1938, se constituye la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Así como en los sindicatos del apartado “A”, se hicieron esfuerzos por crear instituciones de seguridad social que los atendieran, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con el trabajo de la FSTSE en 1960, nace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que administra 14 prestaciones que benefician a los servidores públicos.

Ese mismo año se crea el apartado “B” del artículo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria, que formaliza las prestaciones para los trabajadores del Estado y que a la larga, en 1972, permitió agregar la creación del Fondo para la Vivienda del ISSSTE, equivalente al INFONAVIT que atiende a los trabajadores del apartado “A” del 123 constitucional.

Con la creación de la FSTSE también se logró, a través de los años, otro tipo de apoyos a los servidores públicos. En 1972 se decidió modificar la ley para que los trabajadores laboraran cinco días con el pago de siete, en especial para los empleados de base representados por sus respectivos sindicatos.

Pero no todo es “miel sobre hojuelas”, ya que a partir de 1989 llegó Elba Esther Gordillo Morales a la dirigencia formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para quedarse por 23 años hasta que el poder acumulado la desvió de la realidad en la convivencia entre trabajadores y patrones, lo que provocó su detención en 2013, tiempo en el que logró que las leyes y estatutos se modificaran para reelegirse en varias ocasiones como dirigente del sindicato.

Sí, durante 23 años Gordillo Morales consiguió que las leyes se torcieran lo suficiente para que, finalmente, en 2003 se modificaran para que se pudieran reelegir los dirigentes de los sindicatos y federaciones de trabajadores al servicio del Estado, iniciando con ello una lucha por el poder con quienes siguieron su ejemplo y no quisieron compartir con ella el poder de la FSTSE.

La impuesta “libertad sindical” en 1999 por los legisladores en el gobierno de Ernesto Zedillo, evitó que hubiera un sindicato por cada institución y dependencia del Gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, lo que a la larga dio pie a la creación de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP).

Siguiendo el ejemplo de Elba Esther Gordillo en el SNTE, Joel Ayala Almeida hizo de su persona el liderazgo moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y, en 2001, consigue la primera reelección al frente de la FSTSE, elección en la que compitió el profesor Bernardo Quesada Salas, ex dirigente de la sección 11 del SNTE.

Esa primer reelección de Joel Ayala se prolongó en 2003 en una segunda reelección con modificaciones estatutarias para crear nuevas figuras en el Comité Ejecutivo Nacional, como la presidencia, avalada en ese entonces por el SNTE, con varias condiciones acordadas entre el propio Ayala Almeida y el profesor Rafael Ochoa Guzmán, acuerdos que no se cumplieron y causaron una división de los sindicatos de servidores públicos.

El propio Rafael Ochoa Guzmán, al lado de quien se rumoraba era su prima Elba Esther Gordillo, en 2003 crean con los principales sindicatos opositores a Joel Ayala, la FEDESSP que nace oficialmente en 2004 cuando logra tener sus documentos básicos en regla.

Ahí empezó una guerra entre la FSTSE y la FEDESSP para que, con la “libertad Sindical” impulsar la creación de sindicatos opositores a los oficiales, cada federación creando los sindicatos necesarios para “pelear” las titularidades de la condiciones generales de trabajo en cada secretaría y dependencia del gobierno, llegando incluso a aberraciones como la existencia de 4 o 5 sindicatos de trabajadores en dependencias como el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” o la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

Durante décadas, Joel Ayala y Elba Esther Gordillo compitieron en muchos niveles, desde el sindical hasta las negociaciones con el gobierno. El primer enfrentamiento directo empezó en 1992 cuando el SNTE y la SEP firmaron la descentralización educativa que permitió a las secciones estatales del sindicato negociar sus propias prestaciones con sus gobiernos, excepto en el otrora Distrito Federal que con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Un par de años después, el SNTSA firmó con la Secretaría de Salud el mismo tipo de descentralización en el sector de la salud, sólo que en el caso de Ayala Almeida, nunca renunció a las negociaciones centralizadas a través de la dirigencia nacional del sindicato, limitando así las posibilidades de permitir negociaciones en donde los trabajadores de la salud estatal pudieran conseguir mejores prestaciones entre una entidad y otra.

Al darse la división de la FSTSE, esa central pierde de entre sus filas al sindicato más grande de América Latina que, en los inicios de los años 90, se decía tener una membrecía de un millón 400 mil trabajadores y, el mantenimiento de la estructura de la federación, quedó a cargo de los otros grandes sindicatos que la formaban como los de Salud, el ISSSTE y el del gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Aunque la salida del SNTE para crear la FEDESSP no representó que el millón 400 mil trabajadores pasarían a esa nueva central burocrática, ya que Gordillo Morales, aunque se rumoraba que controlaba a la disidencia de la Coordinadora de Maestros (CNTE), esos cerca de 400 mil trabajadores no contaban para sus fines políticos más que en el papel.

Dicho todo lo anterior que registró la historia una guerra por el control de los servidores públicos a través de las décadas, pasaré tan sólo a señalar que, con la reforma laboral que permitirá nuevamente la creación de sindicatos “a destajo”, sólo se logrará una pulverización del sindicalismo de los servidores públicos que llevará a que el único ganador en el control de los documentos de las condiciones generales de trabajo de las dependencias gubernamentales, será el propio Gobierno federal que imponga sus condiciones  a los trabajadores a través de la Secretaría de Hacienda.

Si en el pasado había negociaciones entre sindicatos y gobierno, lideradas por una sola organización en tres partes, ahora se hará prácticamente de una negociación casi individual, en donde las condiciones las impondrá el gobierno sin la oposición real de alguna organización sindical que defienda, bien o mal, pero que defienda los intereses de los servidores públicos.

Es muy posible que veamos una situación parecida a la invasión de trabajadores contratados por honorarios para cubrir labores de estructura que, año con año, se reducía para ser sustituida por incondicionales del gobierno en turno y que al cambiar de partido político exigían ser “respetados” y mantenerse en sus puestos laborales.

Con esta reforma que promueve la “democratización de los sindicatos”, pareciera ser que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca ahorrarse más dinero al modificar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos, como en años anteriores lo hicieron los gobiernos panistas al modificar los Contratos Colectivos de Trabajo de las empresas del gobierno PEMEX, CFE y CLyFC (finalmente liquidada por el gobierno de Calderón).

Ahora bien, si hablamos de la reforma para la subcontratación u “outsourcing”, pareciera ser que lo único que busca el gobierno de la “4T” es cambiar a los titulares de las empresas que subcontratan, empezando por las que instauró en la minería el senador con nacionalidad canadiense, Napoleón Gómez Urrutia o las que manejan a lo largo y ancho del país toda clase de políticos de todos los partidos y que quieren únicamente aumentar su riqueza obtenida “con el sudor de los trabajadores”, de las primeras líneas que cambiaron de ser trabajadores de base a subcontratados como fueron los de limpieza y seguridad.

El otro capítulo que “corrigieron” los flamantes diputados de Morena legislatura tras legislatura, con diputados del sector obrero, fue el de los sindicatos bancarios, lo único que hicieron fue eliminarlos del servicio púbico (apartado “B” del 123 constitucional), en el que fueron colocados cuando el ex presidente Miguel de la Madrid anunció su nacionalización y los mandaron al apartado “A”, en donde debieron estar cuando Carlos Salinas de Gortari le heredó el problema del rescate a Ernesto Zedillo una vez que se privatizaron nuevamente los bancos.

Sólo platicaré con ustedes de la historia de estos flamantes sindicatos bancarios, en otra entrega.