El ex funcionario Luis Videgaray anunció que impugnará la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues se basa en una supuesta omisión de reporte de cuentas bancarias cuando se trata de tarjetas de crédito sin saldo deudor que sí fueron mencionadas en sus declaraciones y la dependencia reconoce que no se generó ningún daño o prejuicio.

En un comunicado que publicó en Twitter, se refirió a la sanción en la que la SFP lo “considera administrativamente responsable de omitir manifestar ‘cuentas bancarias’ en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017” y precisa que impugnará la decisión.

“En deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”.

El ex titular de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró los motivos por los que considera que puede impugnar la determinación de la SFP.

Primero, indicó que las supuestas cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración, por lo que sostuvo que “las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales”. 

Explicó que “no fueron incluidas en el apartado de pasivos, pues no tenían saldo deudor, pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, por lo que agregó que evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial.

El funcionario durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto también aseguró que la SFP, en el oficio mediante el que le notificó el pasado 11 de mayo su determinación, “reconoce que no obtuve ningún beneficio o libro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones y que no se generó ningún daño o prejuicio económico”.

Esta mañana, la SFP informó que en mayo decidió inhabilitar al ex funcionario tras una investigación que se generó, luego de las acusaciones en su contra por su presunta participación en la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, así como inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

Fuente: Milenio