El Tribunal argumentó que la facultad de regular es de orden público y que algunos efectos y facultades de la reforma referida son actos inciertos, como procedimientos, trámites, revisión de contratos y revocación de permisos, entre otros.

La revocación de la suspensión obedece a que la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no establece obligaciones directas e inmediatas, “que puedan ser suspendidas y menos con efectos generales”.

El Tribunal determinó que, en todo caso, los quejosos pueden promover amparos contra los nuevos actos de aplicación que realmente les afecten y, en su casos, podrán ser suspendidos.

De la misma manera, determinó que la reforma, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no causa afectaciones inmediatas.

En marzo de este año, la reforma fue suspendida de manera definitiva por el juez Juan Pablo Gómez Fierro del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva a las primeras compañías que interpusieron amparos contra la reforma eléctrica, lo que tuvo efectos generales para toda la industria.

Debido a que las suspensiones fueron impugnadas por la Secretaría de Energía y el Gobierno federal ha anunciado que acudirá hasta las últimas consecuencias para defender la reforma eléctrica, es probable su constitucionalidad se defina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fuente: Uno Más Uno