La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la reforma a la subcontratación o  outsourcing que entró en vigor el 24 de abril ha dejado al momento a 3.1 millones de trabajadores en el país en la incertidumbre e indefensos ante los ajustes que las autoridades han hecho a este tipo de contratación laboral.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, José Medina Mora, refirió que las empresas quieren cumplir con sus obligaciones legales, y también su responsabilidad con el bienestar de los trabajadores, por lo que solicitó de la autoridad, sensibilidad y disposición para contar con las condiciones que permitan lograrlo.

“Hacemos un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo, para que los artículos de la reforma sean ajustados, evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión; ya que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro de la Secretaría del Trabajo”, afirmó.

Expuso que ampliar y homologar los plazos concedidos en los transitorios de la reforma laboral, permitirá a las empresas del país, nacionales y extranjeras, contar con la flexibilidad suficiente para que desde el sector empresarial, sigan poniendo de su parte para favorecer a los trabajadores.

Dijo que las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma; sin embargo, resaltó que el proceso de regularización ha resultado complejo en los plazos tan reducidos que para el efecto que otorgó la autoridad al sector privado.

“Donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al 1o de enero de 2022. Celebramos la sensibilidad del senador Ricardo Monreal y de la senadora Kenia López Rabadán ante la intención de proponer iniciativas que amplíen el plazo para la plena implementación de la reforma”, destacó Medina Mora.

Recordó que en las modificaciones a la subcontratación quedó prohibida cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, además se permite la subcontratación de servicios u obras de carácter especializado, siempre y cuando éstos no se relacionen con el objeto social ni con la actividad económica preponderante de la beneficiaria.

Se incorporó a dicha reforma un límite en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de hasta tres meses del salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que favoreció a los trabajadores, conservando las reglas de cálculo para su reparto.

“Al 24 de junio, la Secretaría del Trabajo advertía que medio millón de trabajadores ya formaba parte de las plantillas de empresas que antes los subcontrataban, y que hasta ese momento había ya 8 mil empresas que habían solicitado su inscripción al registro”, recordó el dirigente empresarial.

Fuente: Milenio