La Comisión de Gobernación y Población aprobó, en lo general y en lo particular, por 20 votos a favor, cero abstenciones y 6 en contra, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 El dictamen se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de su programación legislativa.

 Solidificación del combate a la corrupción

 En reunión extraordinaria, en modalidad semipresencial, el presidente de la instancia legislativa, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena), señaló que uno de los más importantes reclamos que hace la sociedad, es la solidificación del combate a la corrupción y el castigo o sanción para todos aquellos servidores públicos que violan las leyes y hacen mal uso de los recursos.

 Indicó que la encomienda de la sociedad es crear y hacer vigentes las disposiciones que sean necesarias para que el país crezca de manera firme, democrática, pacífica, orgullosa de sus orígenes y de su porvenir; que su administración pública tenga el arraigo y pulcritud necesarios para que las instituciones del Estado Mexicano, procuren la obtención de una vida institucional, transparente, honesta, responsable y con pleno respeto a los derechos humanos.

 El diputado Pérez Bernabe expresó que la Constitución Política actual ha sido modificada en años recientes en los artículos que integran el Título Cuarto que trata de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, las faltas administrativas graves, hechos de corrupción y actos en perjuicio del patrimonio del Estado.

 En la actualidad, dijo, está vigente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y al no producirse una actualización se encuentra desarmonizada para dar una eficiente respuesta a las necesidades del México actual; tiene una estructura interna agotada y está en disonancia con la ley suprema del país, los derechos humanos y el resto del sistema de procuración de justicia; mantiene un camino estrecho, corto, confuso y de difícil transitar, “que desafortunadamente no siempre concluye en el ejercicio de la acción de la justicia”.

 La nueva ley, afirmó, es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República. Es respetuosa de los derechos humanos y de los artículos constitucionales; es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal. 

 Contempla un Título Primero dedicado a su esfera de competencia jurídica, como ley reglamentaria. El Título Segundo, denominado Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia, se encuentra integrado por tres capítulos que abordan de manera eficiente y armónica su materia correspondiente.

 El Capítulo Primero se refiere a los sujetos, causas de juicio político y sanciones de sus cuatro artículos. El Capítulo Segundo, integrado por 14 artículos, se refiere al procedimiento del juicio político, al cual se propone que la Cámara de Diputados sustancie, por conducto de su Comisión Jurisdiccional, y la instrucción de los procedimientos dispuestos en el nuevo marco normativo, además de establecer con claridad la competencia de los órganos en los procedimientos que se ventilen.

 Mientras que el Capítulo Tercero consta de 20 artículos que evocan al procedimiento de la declaración de procedencia, dentro de las cuales sobresalen los procedimientos que regulan lo dispuesto en el artículo 108 párrafo segundo de la Constitución Política, el procedimiento para la imputación en materia penal al titular de la Presidencia de la República, “rompiendo con esto el paradigma de la intocabilidad al titular del Poder Ejecutivo Federal”. 

 El Titulo Tercero, añadió, tiene un único capítulo, compuesto por 16 artículos, entre los cuales destacan la celeridad y continuidad jurídico-procesal de los procedimientos aún fuera del periodo ordinario y se establece con claridad y certeza cuáles son las normas supletorias aplicables, puntualizó.

 Participación de diputadas y diputados

Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, pidió postergar la discusión del dictamen, pues apenas empezó a circular el día de ayer. “No tengo duda que viene a beneficiar mucho a las y los mexicanos. Es un tema complejo que requiere de mayor estudio y análisis. Me hubiera gustado haber programado parlamentos abiertos y escuchar a los especialistas en la materia, para alinear mejor la ley. Se invaden competencias de tipo federal”.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) expresó que es un tema trascendente para México, pero es un dictamen que se conoció hace pocas horas y sí requiere un estudio a mayor profundidad, ya que tiene que ver con la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Negó que no se quiera cumplir con la labor legislativa y propuso discutir artículo por artículo.

Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez lamentó que la Cámara de Diputados “trabaje a contentillo de lo que el Presidente dicte en la mañanera. El Poder Legislativo es autónomo”. Añadió que la ley no se ha podido revisar a fondo ni se conocen sus alcances. “No podemos seguir legislando sobre las rodillas; la ley debe responder a la ciudadanía; lo que se legisla hoy, es cómo se hace largo el procedimiento para quitar el fuero. No es cierto que se haya acabado con el fuero”.

José Ángel Pérez Hernández, diputado del PT, dijo estar a favor de que se apruebe el dictamen, “es un pendiente que nos quedó en el tintero y que hay que resolverlo. Es correcto retomar lo que quedó sin terminar y darle la posibilidad a la gente de que tenga algo concreto y definido para llevar a cabo el tema de juicio político y de declaratoria de procedencia”.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) precisó que el tema es político, “ya que si se presentó apenas como iniciativa en la Comisión Permanente hace dos semanas, no son convincentes los argumentos a favor. Se ve, se huele y se oye a bola rápida y tiene que ver con este tinte político. Dejémosle a la siguiente Legislatura este análisis. Es importante que respetemos las formas. Estamos en contra de continuar con la votación”.

María Guillermina Alvarado Moreno, diputada de Morena, expuso que la LXIV Legislatura termina el 31 de agosto y cualquier tema se debe atender. Agregó que el acuerdo común es que no haya impunidad, que haya transparencia y legitimidad; por ello, se requiere la ley para darle certeza y materializar las reformas constitucionales en la materia y en congruencia con el combate a la impunidad y a la corrupción.  

Del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano mencionó que se mantiene el sello de legislar mal y violentando el proceso legislativo. “Dicen que urge esta ley y que hay que sacar pendientes, entonces habría que convocar a todas las comisiones. Evidencia que es un mandato del titular del Ejecutivo y obedecer a ciegas, cuando apenas circuló el dictamen; debemos ser responsables y trabajar con dignidad”.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) argumentó que la oposición quiere seguir con una ley que no los compromete ni somete a nada, y “tampoco están de acuerdo en que otros miembros de otros poderes se sometan a la ley que se propone. En la cuarta transformación hemos transitado a un cambio constitucional, con la finalidad de revertir los vicios y la exuberancia que ha dejado la vieja clase política”.

También de Morena, el diputado Miguel Ángel Chico Herrera destacó que la LXIV Legislatura se ha caracterizado por su productividad y el debate que se ha dado a lo largo de los periodos ordinarios y extraordinarios. “Todavía estamos a tiempo de aprobar esta ley, no veo una imposibilidad para debatirla; es necesario actualizar la normatividad y ampliarla a más servidores públicos”.

 Discusión en lo particular

 En lo particular, se aceptó incluir las reservas de la diputada María del Carmen Almeida Navarro (Morena) quien planteó hacer precisiones.

 En el artículo 9, pidió poner en lugar de siete años, un año. En el artículo 28, planteó cambiar el plazo de 5 días hábiles a un plazo de 7 días. En el artículo 42 propuso apegarse al texto de la Constitución, para que se resuelva con base en la legislación penal aplicable.

 Dicho artículo 42 quedó: “Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República en la sentencia, resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

 Posteriormente, con 19 votos a favor, cero abstenciones y seis en contra, se aprobó el acta de la sesión extraordinaria en modalidad semipresencial de este viernes 13 de agosto de la Comisión de Gobernación y Población.