Tras varios días de negociaciones que permitieron modificar la minuta procedente de la Cámara de Diputados, este lunes se aprobó de manera unánime la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con lo que se descarta se judicialice el tema anunciado por la oposición y ahora se respeta el federalismo constitucional para que los congresos de los estados mantengan sus facultades en materia de retiro de inmunidad procesal a gobernadores.

Aprobado en lo general y particular por 106 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley que retira el fuero y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se devuelve con al menos 30 modificaciones a la Cámara de Diputados.

Entre ellas, que en 45 días se resuelva el desafuero, en caso de cometer algún delito, del presidente de la República
Durante el debate, los senadores de todos los grupos parlamentarios coincidieron en señalar que uno de los más importantes reclamos de la sociedad es la solidificación del combate a la corrupción y castigo o sanción a los funcionarios que violen la ley.

La senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, reconoció la disposición al diálogo de la mayoría en este caso, y reiteró la invitación a que el diálogo se haga costumbre, hasta que se haga norma. ¡Ojalá podamos continuar así!
Explicó que las implicaciones de una Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia exigían acudir a su deliberación con la máxima responsabilidad, con solidez técnica, con disposición política y con apertura para escuchar los distintos puntos de vista.

“Y es que se trata de un debate tan delicado como necesario, por eso el dictamen no podía ser fruto de la imposición irreflexiva de la mayoría”, comentó.

Julio Menchaca, de Morena, dejó en claro que, con la aprobación de la citada Ley, se presenta la oportunidad de “ir enderezando las cosas en el país”.

Al presentar su voto en lo particular, el senador de Morena, Germán Martínez manifestó al final de su intervención: “A ustedes les consta, no siempre voto como quiere el presidente”.

Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, indicó que resulta urgente que en un país que en estos momentos transita por una profunda transformación, pueda acceder plenamente a la justicia y que los corruptos sean castigados.

Frente al hartazgo de tanta impunidad, el reclamo era acabar con el régimen de prebendas y privilegios de los que disfrutaron presidentes, servidores públicos y representantes populares que quebrantaron sin rubor el mandato de la ley. “Hoy, haremos historia al cumplir esta promesa que le hicimos al pueblo de México”, resaltó la legisladora.

“Hoy, todas y todos los funcionarios públicos, iniciando por el Presidente de la República, podrán ser juzgados como cualquier ciudadano”, reiteró.

La nueva ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Ejecutivo federal.

Desde la semana pasado, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habría advertido que la intención es cumplir nuestra obligación constitucional de actuar como cámara revisora y evitar que la ley se judicialice, por lo que este lunes culminaron los acuerdos con el PAN, PRI, MC y PRD en torno a esa minuta, como se hizo con la Ley de Revocación de Mandato.

El bloque opositor insistió la semana pasada que la minuta, aprobada sin cambios en comisiones, no respeta el federalismo.

Al respecto, Damián Zepeda, del PAN, subrayó hace unos días que con esta Ley se pretende que los congresos locales acepten las resoluciones de la Cámara de Diputados sobre desafuero de gobernadores, “como si fueran oficialía de partes”; hoy, celebró los acuerdos para otorgar justicia y oponer fin a la impunidad de algunos servidores públicos.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó en su momento que el ánimo de entendimiento para construir una ley de consenso, por el bien de todos, ya que la minuta tenía visos de inconstitucionalidad.