La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Irasema Quintana Osuna, reconoció que en México existe una profunda crisis en materia forense, de justicia y de desaparición forzada, al registrarse desde 1964 a la fecha 92 mil 844 casos, de los cuales alrededor de 98% permanecen impunes, pese a que es un asunto de Estado.

Al reunirse con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que preside Kenia López Rabadán, la funcionaria lamentó que en materia de desaparición forzada solamente haya 35 sentencias a nivel federal y estatal.

“Es decir, existe prácticamente impunidad total en materia de desaparición histórica con solo 35 sentencias”, detalló la comisionada al referir que si bien es cierto se están haciendo esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, unto con el Sistema Nacional de Búsqueda, “no podemos combatir estas crisis si no se hace de manera interinstitucional”.

Denunció que la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en su momento se abstuvieron de votar el Protocolo Homologado de Búsqueda, alegando que no existe un derecho de toda persona a ser buscada, así como la supuesta imposición de encontrar a las personas desaparecidas.

“No quieren abrir carpetas de investigación en caso de búsqueda de mujeres de manera inmediata. No quieren compartir información de carpetas de investigación para tener datos importantes para la búsqueda de personas desaparecidas, etcétera”, acusó al comentar que “tenemos un reto muy grande ante esas resistencias”.

Irasema Quintana puntualizó que, de las 92 mil 844 personas desaparecidas, las mujeres menores de 18 años representan cerca del 55%.

Dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado, desde el 8 de febrero de 2019 al 4 de octubre pasado, más de 2 mil 100 jornadas de búsqueda en 28 entidades federativas y en 307 municipios, entre los que destacan Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora. El 13% de las jornadas la realiza la Comisión Nacional sin presencia de las fiscalías, acotó.

Indicó que de las personas que habían sido reportadas desaparecidas desde 1964, el 93% se localizaron; sin embargo, resaltó que “evidentemente nos siguen haciendo falta, al menos, 92 mil 844 personas desaparecidas.

Explicó que la desaparición forzada se refiere a toda aquella persona que está ausente y que sea víctima de un delito como reclutamiento forzado, desaparición por particulares, trata sexual o laboral, sustracción de menores; es decir, es un una amplia gama de posibilidades de las razones por las cuales la persona está desaparecida.

Comentó que el gobierno mexicano busca que las agencias de inteligencia de Estados Unidos desclasifiquen de manera masiva información sobre desapariciones de personas durante la llamada “guerra contra las drogas” en nuestro país.

En cuanto al tema de las fosas clandestinas, dijo que se contabilizan en el país 4 mil 806 desde el año 2007 con ocho mil 202 cuerpos. De ese total, mil 971 fosas clandestinas con más de tres mil 200 cuerpos localizados fueron ubicadas durante el período comprendido de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2021.

Quintana Osuna, quien lleva dos años ocho meses, junto con 89 personas, al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, destacó que por primera vez el Gobierno de México acepta que existen estas crisis y empieza a tomar medidas para combatirlas, siempre acompañada con las miles de familiares de personas desaparecidas.

Sin embargo, subrayó que se requieren más herramientas legales, presupuestales y personal para dar respuesta a las miles de familias de personas desaparecidas. “De los 740 millones de pesos que recibiremos de presupuesto, 50 millones se destinan al gasto operacional y siete por ciento es para pago de personal”.

Anunció que en la segunda quincena de noviembre México recibirá la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas para tratar la problemática en nuestro país.

Kenia López Rabadán se comprometió ante la funcionaria proponer un Punto de Acuerdo en el que se solicite a la Cámara de Diputados, se destine mayor presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asimismo, construir en la pluralidad, una iniciativa para que se modifiquen las leyes necesarias y poder encontrar desde nuestra trinchera legislativa, una metodología que acompañe a la búsqueda de personas desaparecidas.