Con 86 votos a favor y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó un proyecto para establecer como falta administrativa grave, la omisión de enterar ante el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores.  

Lo anterior, porque esta práctica genera un severo perjuicio para las trabajadoras y trabajadores, pues les genera restricciones para acceder a préstamos o créditos. 

Se trata de reformas a las leyes del ISSSTE, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado -Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional- y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El proyecto precisa que la sanción por la falta administrativa grave, por dicha omisión, está dirigida a los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizarlas. 

Asimismo, refiere que, de conformidad con el nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de sanción, “es posible inhibir y sancionar los actos de corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para propiciar que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad”. 

El presente dictamen deriva de la minuta que la Cámara de Diputados aprobó el 2 de marzo del año pasado, en el que adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; un párrafo tercero al inciso h) de la fracción VI del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y un artículo 64 Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por Morena, Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, destacó la necesidad de sancionar esta omisión, ya que impide al ISSSTE contar con recursos necesario para brindar servicios y prestaciones a su cargo, además de que le impacta negativamente a su capacidad de inversión y compra de medicamentos e insumos médicos para enfrentar la pandemia. 

Al fundamentar el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Nestora Salgado García, dijo que poco más de siete mil millones de pesos se han omitido de reportar al Instituto, en detrimento de los trabajadores.  

Agregó que se deben aplicar sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contra de esa conducta, que afecta tanto a trabajadores como al Instituto, pues éste debe contar con recursos para brindar servicios y prestaciones; además de que afecta la capacidad de inversión, compra de medicamentos e insumos médicos. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, señaló que el dictamen no resuelve el problema. Las instituciones, precisó, retienen las aportaciones obrero-patronales porque las finanzas de las instituciones están colapsadas, por lo que llamó a un diálogo sobre la Ley de Coordinación Fiscal, porque de no darse, el problema será recurrente. Este proyecto se remitió al Ejecutivo Federal.