Congresistas estadounidenses han acusado de nueva cuenta al gobierno mexicano de fomentar acciones excesivas en contra de las empresas privadas para favorecer a las dos compañías estatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una nueva carta, dirigida a los titulares de las secretarías de Estado, Comercio y de Energía estadounidenses, 40 congresistas han descrito que el gobierno mexicano está tratando proactivamente de promulgar políticas y tomar medidas que violan y socavan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el documento, los legisladores mencionan los recientes cambios a las reglas de comercio exterior y las también recientes suspensiones en algunas terminales de almacenamiento, como parte del aumento en la vigilancia del gobierno federal a las importaciones de combustibles.

«La lista excesiva de acciones discriminatorias han pasado desde hace mucho el punto de simplemente elevar serias preguntas acerca del compromiso del presidente López Obrador al acuerdo y al espíritu del T-MEC», dice el documento. [Las últimas medidas regulatorias] sugieren que el gobierno mexicano está tratando proactivamente de promulgar políticas y tomar medidas que violan y socavan el Tratado».

La carta ha sido enviada unas semanas después de que el presidente envió al Congreso la iniciativa de reforma que pretende echar hacia atrás prácticamente toda la apertura al mercado que se dio con la reforma de 2013 promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto y en un contexto en el que el gobierno mexicano ha decidido reforzar sus esfuerzos por vigilar las importaciones de combustibles, a fin de disminuir la cantidad de gasolinas que se ingresan al país bajo otras fracciones arancelarias.

Los reclamos contenidos en el acuerdo ya habían sido dados a conocer por los congresistas estadounidenses en anteriores documentos, pero hasta ahora el gobierno del demócrata Joe Biden no se ha pronunciado al respecto, y ha tomado como prioridad otros asuntos en su agenda bilateral con México, como la crisis migratoria y la reforma laboral.

«El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer de manera explicita su meta de proveer a las dos empresas nacionales de energía, Pemex y CFE con trato preferencial, en contradicción directa con el T-MEC, que su propia administración negoció y firmó», reprocha el documento.

El acuerdo comercial establece que ninguna empresa podrá recibir un trato discriminatorio y que no se podrá favorecer a las empresas nacionales. Pero la administración federal ha empujado una serie de cambios para devolver al centro del mercado a las dos empresas estatales, lo que podría generar una serie de arbitrajes internacionales, según han dicho abogados del sector.

El embajador Ken Salazar escribió en su cuenta de Twitter que sostuvo reuniones con representantes del gobierno mexicano para hablar sobre la iniciativa de reforma del presidente, pero no dio más detalles. «Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto en los días próximos», dijo en su red social.

La carta, con fecha del 3 de noviembre, se suma a al menos tres cartas enviadas previamente por legisladores y organizaciones estadounidenses, representantes de Canadá y embajadores de la Unión Europea.

Los especialistas del sector han dicho que la aprobación de la reforma desataría una serie de arbitrajes internacionales contra el Estado mexicano, que se sumarían a los procesos que ya están abiertos en contra de México y que representan reclamos por alrededor de 1,500 millones de dólares.

Fuente: expansión