El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, ordenamiento que busca que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos. 

La propuesta -que es producto de casi dos años de análisis técnico y ejercicios de Parlamento Abierto, y que fue impulsada por los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué-, pretende reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.  

El proyecto aprobado, en lo general con 87 votos en favor; y con 77 votos en favor y tres abstenciones, en lo particular, también tiene el fin de disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante, para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana.  

Otro de sus objetivos es estimular el desarrollo económico, a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias, de la erradicación de la destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia programada de los productos en las cadenas económicas. 

Para ello, procurará que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente; así como facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo impacto ambiental. 

Asimismo, impulsará e implementará el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de Economía Circular, siendo esta una estratégica que tiene por objetivo reducir la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos.  

En ese sentido, el proyecto dispone que se deberá desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos. Esto les permitirá salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales, cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y les brindará oportunidades para acceder a los programas instrumentados en la Ley. 

Plantea que los gobiernos municipales sean responsables de regularizar e integrar en un padrón oficial, a las personas que realicen alguna actividad de acopio, compraventa, reciclaje y aprovechamiento de los subproductos con valor comercial, esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y profesionalizar su actividad. 

La aplicación de este ordenamiento será tarea del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, podrá suscribir convenios con los gobiernos estatales y municipales para delegar el ejercicio de estas facultades y funciones. 

De acuerdo con el dictamen, toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, producción, importación o manufactura de envases y empaques, estará obligada a presentar ante la Semarnat, para su registro, un Plan de Economía Circular. 

Además, quienes se dedican a la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos deberán contar con un plan de manejo de residuos, que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán modalidades educativas que contemplen en sus contenidos los temas relativos a la Economía Circular. Esto se realizará con la coordinación de la Semarnat y la Secretaría de Educación Pública.  

La Ley también prevé multas por el equivalente de 20 a 60 mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, así como la clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas. 

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué y la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentaron una serie de reservas a los artículos 2, 4, 9, 10, 20, 22, 23, 3, 36, 46 y 55, del proyecto de decreto, las cuales fueron aprobadas, en votación económica, por el Pleno. 

Las reservas incorporan temas como la producción limpia; el uso eficiente del agua y de las energías limpias y renovables; el consumo responsable; así como la innovación, el rediseño y el desarrollo sustentable.  

Además, las modificaciones buscan que la Federación no tenga todo el control de este modelo, sino que se le dé facultades a las entidades federativas y municipios. 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó que el documento es resultado de un proceso en el que se escucharon las voces de todas y todos los interesados en la materia. “Cuando se realizan reformas de esta magnitud, el único camino para el acuerdo es el diálogo permanente”, afirmó. 

Esta Ley representa el inicio de un cambio de paradigma: la transición hacia un modelo económico sustentable con el que se reducen los gases de efecto invernadero, aseveró el legislador. 

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que el modelo de vida de las sociedades modernas está rebasando los límites del planeta, en términos de recursos naturales y energía, por lo que es urgente que los gobiernos adopten acciones oportunas para desacelerar el ritmo de la “decadencia medioambiental”. 

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de Acción Nacional, señaló que los seres humanos somos la única especie que genera basura y que en Latinoamérica se genera un kilo diario de desechos por persona. “Necesitamos cambiar la forma en la que, actualmente, producimos y consumimos; tenemos que inspirarnos en la naturaleza”, asentó. 

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, aseveró que este ordenamiento es la respuesta de México ante la urgencia de los retos que nos plantea el cuidado del medio ambiente en el siglo XXI. La Economía Circular es un cambio cultural, asentó, pues el mundo requiere que seamos inteligentes y pensemos a largo plazo. 

Por Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que esta propuesta es más relevante en el contexto actual, en la que la actual administración impulsa políticas regresivas en materia energética.  

La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, recordó que el planeta atraviesa por una etapa crucial, por lo que debemos rescatar nuestro ecosistema y salvar nuestro medio ambiente. Como legisladoras y legisladores, afirmó, debemos trabajar para revertir el daño ecológico. 

Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, aseguró que estamos frente a una legislación incluyente que contempla el trabajo de personas informales que se dedican a acopiar residuos. Esto representa un paso firme en la ruta de acciones contra el cambio climático, expresó, así como de la contaminación de nuestras tierras, aguas y medio ambiente. 

El senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, confirmó que se trata de una legislación fundamental para la agenda 20-30 sobre el desarrollo sostenible, pero además es un compromiso internacional del Estado Mexicano para velar por el bienestar de las personas y de la naturaleza. 

El dictamen con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Economía Circular, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.