El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló en lo general las resoluciones de 38 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) determinadas por la Comisión de Quejas y Denuncias y que representan sanciones por indebida afiliación en contra de siete partidos políticos por 7.4 millones de pesos. 

Al presentar el proyecto, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, subrayó que 28 proyectos se relacionan con la indebida afiliación a partir de la denuncia de 229 personas en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Morena y Verde Ecologista de México (PVEM), de los cuales 58 resultan fundadas, 168 infundadas y en tres se declara el sobreseimiento.

Explicó que otros tres asuntos tratan sobre infracciones derivadas de 79 quejas por indebida afiliación y registro de personas como representantes de casilla, atribuibles a los partidos del PRI, PRD y Morena.

Respecto de las quejas por indebida afiliación, resultan fundadas en 68 casos, en cinco son infundadas y en dos se declara el sobreseimiento. En cuanto a las quejas por indebido registro como representante ante mesa directiva de casilla, en uno se determina procedente y tres resultan improcedentes.

Añadió que otros dos asuntos se relacionan con el indebido registro de personas como representantes de casilla por los partidos del PRI y Morena, la primera queja interpuesta resultó fundada y la otra se sobresee por desistimiento de la denunciante.

La Consejera Favela se pronunció de manera parcial en la resolución de siete proyectos, ya que consideró que 26 personas sí objetaron adecuadamente las cédulas de afiliación que aportaron los diversos partidos políticos y por ello debería de hacerse una prueba pericial en grafoscopía; por su parte,  la Consejera Dania Ravel coincidió en que debió ordenarse la realización de una prueba pericial en grafoscopía para corroborar si la firma asentada en las cédulas de afiliación presentadas por los partidos políticos correspondían a las firmas que aparecen en las credenciales para votar de las personas involucradas en esos procedimientos. 

Las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey se separaron del proyecto de resolución relacionada con infracciones a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales atribuibles al partido político Morena, por la omisión de la realización de tareas editoriales de carácter teórico por lo cual se sanciona a dicho instituto, toda vez que, consideraron, se extinguió la potestad sancionadora del INE al transcurrir más de tres años de la posible sanción y se actualiza la excepción de prescripción. La sanción fue avalada por mayoría del pleno.

Resuelven cinco proyectos sancionadores por diversas Vistas

El Consejero General resolvió también cuatro asuntos derivados de Vistas que le fueron turnadas; una por la omisión de entregar información de un particular a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), dos en contra del partido Morena y, finalmente, uno en contra de una empresa por evadir colocar el identificador del INE en un espectacular, en todos los casos se declaró fundada la infracción.

Asimismo, se conoció la Vista de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con el partido Morena, por la omisión de tramitar y remitir una demanda promovida por un ciudadano en perjuicio de su derecho de acceso y tutela de justicia partidista, misma que se sobreseyó y para su resolución se remitirá al partido político.

Conoce Consejo General informes de Quejas y Denuncias 

El pleno conoció también los Informes en materia de Quejas y Denuncias del INE y de Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género.

En el primero se da cuenta de la conclusión de 1,140 quejas interpuestas en diversos años y que fueron resultas a través de 897 resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto.

De ellas se impugnaron 203 (22.6%), se confirmaron 158 (77.8%), se revocaron 28 (13.8%), en 15 recursos (7.4%) se determinó otra causal distinta de improcedencia, y actualmente se encuentran pendientes de resolver 2 (1%).

Respecto de los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), se trata de 365 quejas de las cuales 199 fueron interpuestas por partidos políticos, 108 por la ciudadanía y 58 de oficio.

En cuanto a quejas y denuncias sobre Violencia Política en Razón de Género, del 14 de abril de 2020 al 9 de noviembre de 2021 se han recibido 162 quejas, denuncias o Vistas; 50 de ellas se registraron como Procedimientos Especiales Sancionadores, cuatro en cuaderno de antecedentes (CA) y se determinó la incompetencia en 109.

Esas últimas fueron remitidas a la autoridad competente al tratarse de aspectos de la vida interna de los partidos políticos, actos que tenían incidencia local o cuyo impacto afectaba directamente los procesos electorales locales, así como de actos discriminatorios que no tenían incidencia político-electoral o bien hechos presuntamente constitutivos de violencia institucional, entre otros.

Al respecto, la Consejera Carla Humphrey destacó el acompañamiento de los Organismos Públicos Locales, los órganos intrapartidarios y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales como autoridades competentes para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Política en Razón de Género que, dijo “lamentablemente está basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada de las mujeres en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y electorales”.

Por lo anterior, estimó que es de la mayor importancia determinar cuál es la razón de la disparidad en los registros de los diferentes estados y, en caso de que se deba a deficiencias procedimentales se implementen las modificaciones necesarias para conseguir procedimientos eficaces en todas las entidades federativas, de acuerdo con las necesidades propias de cada una de ellas.

En este orden de ideas, propuso que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, junto con la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, hagan un análisis de la circunstancia apuntada y, de ser necesario, lleven a cabo las actividades necesarias para reformar el marco reglamentario existente.

La Consejera Dania Ravel llamó a las autoridades competentes para que brinden la información necesaria para el seguimiento de los asuntos que hace la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto, ya que la atención de los casos en la materia debe seguir siendo una prioridad.

Sólo así, acentuó, “será posible que las autoridades administrativas electorales y las intrapartidistas, cerremos filas y podamos dar pasos firmes hacia un ejercicio libre de violencia de los derechos político-electorales de las mujeres mismas que, como siempre hacemos énfasis, estos derechos también son derechos humanos”.