Francisco Garfias

Una de las tantas consignas que alumnos, profesores y académicos del Centro de Estudios de Investigación y Docencia Económica (CIDE) gritaban ayer frente a la sede del Conacyt sintetizaba las causas de la inconformidad: “¡Un dictador no será mi director!”.

Una protesta provocada por el viejo estilo autoritario del director interino del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, quien llegó al cargo con esa idea de que, por ser director, lo puede todo, lo decide todo y sus órdenes deben ser acatadas sin discusión.

Ese caduco modelo chocó con las normas de una institución acostumbrada a los órganos colegiados, a la gobernanza colegiada, a las reglas.

“Una mezcla de contexto, personalidad y modo de gobernar nos llevó a esta crisis, que ya está en la arena política y allí quién sabe qué pueda pasar”, nos dijo un investigador del CIDE, que habló a condición de mantener el anonimato.

La gota que derramó el vaso fue el cese de Catherine Andrews como secretaria scadémica. Es de origen escocés. Quienes la conocen la describen como una mujer recta, que se rige por la norma, por el compromiso con la institución.

Romero la echó por “rebeldía”. Andrews se negó a acatar instrucciones de suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADI). Basó esa negativa en el hecho de que el director no tiene facultades para eso.

La fuente explica que uno de los procesos más importantes en la vida del CIDE es el de evaluación de los profesores. “De esa evaluación depende su permanencia en la institución y, eventualmente, su promoción”. No se pueden suspender simplemente porque el director así lo quiere.

El conflicto emerge en un contexto de polarización y desprecio por la ciencia que se vive en la Cuarta Transformación. Es parte de esa incomprensible andanada que hemos visto contra las instituciones de educación superior, la UNAM incluida.

Justo es decir que la designación de Romero como director interino fue considerada, en principio, como una buena elección. Académico, economista, traía credenciales suficientes. La bronca es que quiso imponer sus formas autoritarias y eso descompuso todo rápidamente.

* Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ya entendió que como está el proyecto de reforma eléctrica no será aprobado.

“Se puede mejorar y enriquecer la iniciativa, sobre todo en los temas relacionados con la revocación de los permisos, pero se impulsará la esencia del presidente López Obrador, para que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema eléctrico”, dijo ayer.

Falta saber que YSQ esté de acuerdo en modificar su estrategia de “no le cambien una coma” a sus iniciativas.

 A Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN, le hicieron el feo en Morena. Lo dejaron fuera de la lista de precandidatos del guinda al gobierno de Durango. Lo mismo ocurrió con el petista Gonzalo Yáñez, que lleva años buscándola.

Dos hombres y dos mujeres aparecen en la lista de precandidatos que dio a conocer el CEN para Durango: Ramón Enríquez, senador; Maribel Villegas, senadora; Santiago Fierro, consejero del Instituto de Planeación, y Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio.

Todavía tienen algo de esperanza. El CEN anunció que agregaría dos nombres más por estado.

En Aguascalientes quedaron la activista Flavia Narváez, el senador Daniel Gutiérrez; la delegada de programas federales Nora Ruvalcaba y el exdelegado Aldo Ruiz.

En Hidalgo el cantante y diputado local Francisco Xavier Berganza; la senadora María Merced González; la diputada local Lisset Marcelino y el delegado federal Abraham Mendoza.

En Oaxaca aparecen las senadores Susana Harp y Salomón Jara; los exdiputados federales Irma Juan Carlos y Armando Contreras.

En Quintana Roo, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama; los senadores Maribel Villegas y José Luis Pech, y el exdiputado federal Luis Alegre.

En Tamaulipas quedaron Rodolfo González, delegado federal; la expanista Maki Ortiz; la exdiputada federal Olga Patricia Sosa y el senador Américo Villarreal.

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