La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que el acuerdo presidencial por el que se extienden las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea revisado por el Pleno de ministros.

Se esperaba que los integrantes de la Primera Sala avalaran el acuerdo y, con ello, la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sin embargo, por unanimidad de votos, acordaron que, por su trascendencia nacional, debe ser enviado al Pleno de la Corte.

Este es uno de los cuatro recursos de controversia constitucional presentados ante la Corte en contra de la militarización de la seguridad pública. El promovente fue la Cámara de Diputados, pero siguen están el lista los amparos del gobierno de Michoacán, del municipio de Colima (Colima) y del municipio de Pabellón Arteaga (Aguascalientes).

Hace más de dos años, el actual gobierno mexicano le dio «legalidad» a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que se intentó en los dos sexenios previos.

El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dispone que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, «de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria».

El acuerdo también autoriza el despliegue de más de 80,000 militares en las calles haciendo tareas de seguridad pública, lo que representa una cifra récord desde que se les dieron estas facultades en 2006.

Distintos actores de la sociedad civil celebraron la decisión de la Primera Sala de dejar en manos de todas y todos los ministros de la Corte la discusión sobre la militarización de la seguridad pública.

Fuente: expansión política