Este día se inauguró el “Foro Expectativas: Hacia la reforma constitucional de los pueblos y comunidades indígenas” cuyo objetivo es profundizar sobre el alcance y desarrollo de los derechos de grupos que han sido marginados e invisibilizados en nuestro país, como los pueblos y las comunidades indígenas, así como contribuir, a partir de la propuesta de reforma de 2021 al artículo 2º constitucional, a revertir toda condición de desigualdad que ha enfrentado este sector de la población.

Durante los dos paneles de trabajo de este foro, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrantes de pueblos y comunidades indígenas de diversas partes del país compartieron experiencias respecto de su participación en el proceso electoral que recién culminó y, junto con autoridades electorales, personas académicas y sociedad civil, reflexionaron sobre las expectativas de la reforma constitucional de los pueblos y comunidades indígenas en materia político-electoral.

Al inaugurar el Foro, organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que la justicia electoral es y debe ser un medio a través del cual las personas de los pueblos y comunidades indígenas encuentren un espacio fundamental para la reivindicación histórica, para su presencia en el ámbito político y para que tengan una representación electoral que responda a sus prácticas y particularidades.

El magistrado presidente del TEPJF subrayó que, para salvaguardar los derechos políticos y electorales de las personas, pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral se ha guiado por tres principios:  favorecer la autonomía, promover la inclusión y utilizar criterios diferenciados para mejorar el acceso a la justicia. A partir de estas decisiones, dijo, refrenda su compromiso por resolver asuntos desde una perspectiva intercultural que apuesta por una democracia cada vez más incluyente.

En el marco de este foro, en donde se presentó el libro “Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas”, la magistrada del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, resaltó que a 20 años de la reforma al artículo 2° constitucional que estableció la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, los derechos político-electorales de este sector de la población deben seguir siendo parte de las agendas pública y la legislativa.

Recordó que el Tribunal Electoral ha emitido criterios, tesis y jurisprudencias para juzgar con perspectiva intercultural e introducir en sus sentencias una visión antropológica para llenar los vacíos que se dan en el desconocimiento del sistema normativo. En ese tenor, añadió, la Defensoría Pública Electoral ha hecho una importante labor al acercar la justicia en la materia a los pueblos y comunidades originarias.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera, señaló que el acceso a una justicia pronta y expedita no puede concebirse sin suficientes intérpretes y traductores, sin ponderar las distancias y las malas condiciones de acceso que se encuentran entre las comunidades y los centros de justicia.

A su vez, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), César Lorenzo Wong Meraz, sostuvo que los institutos políticos y las autoridades deben vigilar que las candidaturas reservadas como parte de las acciones afirmativas, sean ocupadas realmente por personas indígenas, que tengan vínculos con las comunidades a las que pertenecen y representan y no sean solo una simulación.

En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, consideró que los intentos de simulación sobre las acciones afirmativas, sólo se van a poder resolver de manera definitiva en la medida en que culturalmente se avance y consolide el principio de la diferencia las políticas a través de los derechos de igualdad, lo que implica cambiar la mentalidad de las personas.

Como parte de sus actividades durante este foro, el magistrado presidente Rodríguez Mondragón dictó la conferencia “Expectativas de la reforma constitucional en materia político-electoral para los pueblos y comunidades indígenas”, donde aseveró que las instituciones públicas en la actualidad están obligadas a preservar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y hacerlos efectivos, inclusive aplicando directamente la Constitución. En este sentido, reconoció el trabajo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que muestra los grandes retos a enfrentar, pero también las expectativas por una mayor inclusión de este sector de la población.

Ante magistradas y magistrados, así como representantes de grupos vulnerables, destacó que en el TEPJF se inició la preservación de los derechos políticos y electorales de las personas originarias, con la creación de la defensoría de pueblos y comunidades indígenas, en ese sentido, este órgano electoral trabaja para consolidar la atención jurídica y la defensa de los derechos de los pueblos originarios,  siguiendo las políticas en la materia del poder judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.