Con la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cayeron las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el lavado de dinero.

De acuerdo con el Tercer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviado al Senado, mientras que de abril a octubre del año pasado se presentaron entre 10 y 21 denuncias por mes ante la FGR; en noviembre –mes en el que ocurrió el cambio de titularidad en la UIF– fueron cuatro; diciembre, ninguna; en enero pasado hubo dos, en febrero, seis y marzo, tres.

“Del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República 105 denuncias por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, refiere el documento.

De ellas, la FGR inició 393 carpetas de investigación por presuntos hechos relacionados con el delito de lavado de dinero; 65 fueron judicializadas.

Además, se enviaron a la Procuraduría Fiscal de la Federación 109 dictámenes técnico-contables con una cuantificación de perjuicio al fisco federal de 8 mil 331 millones de pesos, “cifra que sustentará la posible formulación de querellas por delitos de defraudación fiscal y sus equiparables”.

Santiago Nieto renunció en noviembre pasado –tras el escándalo de su boda poco austera con la consejera electoral Carla Humprey, en Guatemala–, por lo que Gómez tomó el mando.

En las últimas semanas, se le ha visto a Gómez promoviendo la reforma electoral, desde la presentación de la misma en La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de abril pasado, en la que le tocó exponer parte de la iniciativa, hasta entrevistas para abordar el tema.

Sobre el bloqueo de cuentas bancarias como política para impedir el flujo de lavado de dinero, este disminuyó en un año.

El reporte señala que del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 se bloquearon 18 mil 800 cuentas y se recaudaron 2 mil 328 millones de pesos, 290 millones de dólares y 13 mil euros.

En tanto, del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo pasado se bloquearon 7 mil 651 cuentas y se recaudaron 602 millones de pesos, 3 millones de dólares y 231 euros.

DAÑO FISCAL

El informe publicado en la Gaceta del Senado indica que se emitieron ocho dictámenes técnico- contables relacionados con hechos de posible defraudación fiscal en la modalidad de operaciones simuladas, omisión de ingresos y retenciones no enteradas, lo que asciende a un perjuicio fiscal total de 6 mil 267 millones de pesos.

En cuanto a las vistas ante las autoridades federales y locales de procuración de justicia por delitos de procedencia ilícita para prevenir, éstas también bajaron de noviembre de 2021 a marzo de 2022.

El documento refiere que de abril de 2021 a octubre de ese mismo año se tenían entre tres y siete vistas por mes, en tanto; de noviembre de 2021 a marzo pasado sólo se realizó una vista en febrero.

Evitan pérdidas por 28 mmdp en casetas

En el marco del Plan Caseta Segura para recuperar las casetas de peaje que eran tomadas por grupos de delincuentes, el Gobierno federal, a través de diversos operativos, logró del 1 enero de 2020 al 31 de marzo pasado, evitar pérdidas por 28 mil 62 millones de pesos a plazas de cobro de Caminos y Puentes Federales.

El Tercer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública publicado en la Gaceta del Senado, refiere que de octubre de 2020 a diciembre de 2021 se procesaron 497 personas; 302 fueron vinculadas a proceso penal y prisión preventiva por delitos relacionados con la toma de casetas y boteo ilegal; a 193 personas se les dictaron medidas cautelares, como prohibición de acercarse a las casetas y llevaron su proceso en libertad; en tanto, dos menores fueron liberados.

El Plan inició en junio de 2019 en las casetas de Tlalpan y Tepotzotlán; no obstante, las acciones preventivas y operativas se extendieron en 2020 a las ubicadas en Baja CaliforniaEstado de México, Nayarit y Sinaloa y durante el 2021, se realizaron acciones para la recuperación de casetas en los estados de Chiapas, Jalisco, y Sonora.

A pesar de que el 14 de diciembre de 2021, el Senado de la República aprobó sancionar hasta con siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, los medios de transporte, obtengan lucro, interrumpan el tránsito o los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje; el Gobierno federal publicó la sanciones hasta febrero pasado.

Fuente: 24 horas – Karina Aguilar