Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados afirmó que este instituto político no acompañaría una eventual iniciativa de sus homólogos del PRI en cuanto a que civiles puedan portar armas para defenderse del crimen organizado, pues recalcó que ésta es función del Estado Mexicano: Garantizar la seguridad de la ciudadanía. Aclaró, sin embargo, que dicha propuesta no afectará a la alianza opositora que conforman las bancadas del PAN-PRD y PRI en el Congreso.

Al término de la ceremonia inaugural del Foro: “A 10 años de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, Presente y Futuro”, Organizado por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de esta soberanía y que encabeza la perredista Edna Díaz Acevedo, en coordinación con el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM; Cházaro enfatizó en entrevista que la propuesta anunciada la víspera por el dirigente y diputado federal del PRI, Alejandro Moreno; “no fue consultada al seno de Va Por México; y quedó claro que es netamente iniciativa del Partido Revolucionario Institucional.

“Respeto la posición del presidente del PRI y diputado, compañero de nosotros, de la coalición (pero) no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución. Creo que el Estado mexicano es responsable de garantizar la seguridad” de las y los ciudadanos… “Si el PRI decidiera hacerlo, nosotros respetaremos esa autonomía como partido y como Grupo Parlamentario; pero no la acompañaríamos”.

“El Grupo Parlamentario del PRD va en consonancia con la dirigencia nacional del partido, y–sobre todo- con nuestro planteamiento fundacional de que la pacificación del país pasa por un Estado mexicano y no por una militarización del mismo. No podemos, históricamente, haber planteado y estar en contra de la militarización de la Guardia Nacional, y acompañar una propuesta que arme a la gente. No, el PRD no acompañaría, en el eventual caso que esto formalmente se propusiera”, precisó el legislador.

Aclaró asimismo, que dicha propuesta no se ha dado al interior del Legislativo y descartó que pudiera ser parte de la agenda de la coalición opositora “Va Por México” que –citó- ya tiene consolidados temas prioritarios como las elecciones del 2023; además de la moratoria a iniciativas constitucionales del Ejecutivo; amén del proceso electoral federal 2024… Me quedo con lo que hemos platicado, acordado, y cumplido; por ejemplo la moratoria: el PRI ha cumplido, el PAN ha cumplido y el PRD ha cumplido y seguirá cumpliendo”, subrayó.

En este tenor, dejó en claro que la estrategia de ‘Abrazos y no Balazos’ de Andrés Manuel López Obrador, no funciona; “el presidente tiene que recapacitar, el país está inundado de sangre y no quiere ver que su maniobra no funciona, debe cambiarla, modificar herramientas para combatir al crimen organizado”, insistió.

Por otra parte, y con respecto a la negativa de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista en este recinto, para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de integrar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y les fijó un plazo no mayor a 72 horas que se cumplen este miércoles, Cházaro subrayó que es una sentencia inatacable que debe ser cumplida.

“El Tribunal ya interpretó, ya sentenció! Podríamos discutirlo si quisiéramos; ¡pero ya se trata de acatar lo que el Tribunal sentenció y es inatacable! La pregunta es si Morena y sus aliados seguirán en desacato y ¡bueno! que ellos se hagan responsables”, apuntó.

“Hay que aclarar que no es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en su conjunto la que está desacatando, sino la mayoría que tienen Morena y sus aliados, que dan un voto ponderado y -como tienen mayoría- no acatan la sentencia del Tribunal Electoral”.

“Hay que diferenciar, manifestó, que los coordinadores de PAN, PRI, PRD votamos a favor de darle cumplimiento. Y hay que hacer una distinción porque, de pronto, pareciera que el Tribunal no la hace. Tendría que sancionar a aquellos que votan en contra de acatar su resolución”.

Igualmente, comentó, habría que preguntar al Tribunal: Hasta dónde está pensando (sancionar a los grupos que no asumen su resolución), porque no solo está el tema de la amonestación. Hay quien habla, incluso, de responsabilidades penales por desacato. Ahí preferiría que fueran los magistrados quienes aclaren cuáles serán las consecuencias si hoy se sigue intentando este planteamiento; remató.