Pese a que el agente de la Policía de Investigación (PDI) Juan Chavarría está en prisión tras ser ligado con el Cártel de Tláhuac, la Fiscalía capitalina informó que acreditó uno de los exámenes de confianza que les realiza la institución.

Fue el pasado 20 de julio cuando se publicó el oficio con folio FGJ/PDI/DEA/007165/2022, donde se daba a conocer el listado de los elementos que habían acreditado el Certificado Único Policial (CUP) que incluye prueba de polígrafo y un análisis de las finanzas del agente.

Entre los nombres de los acreditados está el de Juan Chavarría, quien fue detenido en cumplimiento de un orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y ejercicio ilegal del servicio, en enero pasado; desde entonces permanece en el Reclusorio Oriente.

El CUP es una prueba que realiza la Fiscalía General de Justicia a sus servidores públicos cada tres años y es avalada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Los agentes se presentan a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para elaborar la prueba, que a decir de algunos funcionarios consultados, es rigurosa pues se tiene que presentar comprobantes de adeudos, bancarios y escrituras de inmuebles que estén a su nombre.

Y aunque los resultados no son públicos, la PDI recibe un listado de los elementos que acreditaron la evaluación.

Chavarría realizó la prueba durante el segundo semestre de 2021, justo en los meses que fue investigado, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las mismas autoridades señalaron que la imputación que el Ministerio Público le hace al elemento de la PDI se basa en artículos periodísticos y en testigos de oídas.

Sin embargo, con los datos de prueba que hasta ahora ha interpuesto la representación social, se logró que un juez de Control vinculara a proceso al agente, quien estaba adscrito a Fiscalías Centrales.

El que el policía pasara los controles de confianza, pero que irónicamente fuera detenido por ser señalado de tener nexos con el Cártel de Tláhuac, ha hecho que algunos servidores públicos de la Fiscalía se cuestionen si las certificaciones realmente cumplen su objetivo.

Fuente: excelsior