El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que de eliminar la prisión preventiva oficiosa no solo se regresaría a la puerta giratoria, sino que dejaría la puerta abierta para la impunidad.

Señaló que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide esta medida cautelar, “sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional”.

Alertó que esta situación podría promover que 92 mil personas sujetas a proceso penal por delitos graves, podrían solicitar, mediante amparo, ser excarcelados, lo que podría poner en riesgo a los denunciantes, además del peligro de la reincidencia de la comisión de delitos. 

Al exponer los motivos del Ejecutivo Federal para impedir se elimine esta medida cautelar, Mejía Berdeja insistió en que la Suprema Corte no puede legislar ni invalidar algún artículo de la Constitución.

El único que puede reformar, recordó, es el poder constituyente, que son las dos cámaras y 32 legislaturas estatales.

Informó que del 25 agosto al 1 de septiembre se tienen registrados a 9 mil 341 detenidos de los que 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público.

Explicó que la medida cautelar busca proteger a la victima y a su familia del agresor y evita que los detenidos se den a la fuga, además de que amenacen o atenten contra testigos en diferentes etapas del proceso penal, así como la comisión de futuros delitos.

La prisión preventiva justiciada es la que el MP pide por los motivos anteriores y la oficiosa es la que se declara ante un delito de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión.