Francisco Garfias

No me vengan con el cuento de la división de Poderes. Ése es, en síntesis, el mensaje que esta semana ha mandado el presidente López Obrador a los poderes Legislativo y Judicial.

Ayer se voló la barda. Afirmó en la mañanera que no interviene en asuntos de otros Poderes, pero puso tremenda presión en los cuatro ministros que llegaron a la SCJN en tiempos de la 4T. Con su venia, además, se ventilaron los nombres de jueces que han liberado presuntos delincuentes. Si eso no es meterse en asuntos de otros poderes, yo soy Napoleón.

López Obrador está aferrado a mantener la prisión preventiva oficiosa que faculta a los jueces a enviar imputados a prisión, por un tiempo que no debe rebasar los dos años. Hay casos muy mediáticos que nos muestran que ese tope no se respeta: Rosario Robles pasó tres años encerrada en Santa Martha Acatitla. Peor aún, Israel Vallarta lleva más de 16 años sin sentencia. Imagínese la cantidad de abusos con imputados que purgan una pena anticipada bajo esa autoritaria medida.

* Los ministros aludidos en la mañanera son Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Dijo López Obrador: “Propuse ministros no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo, cambiaron de parecer. Ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

Queda claro que el Presidente cree que, porque propuso a los ministros son sus empleados y deben apoyar su “transformación”. Nunca más vigente aquella declaración que López Obrador, entonces jefe de Gobierno del DF, hizo en octubre del 2003, citada por Enrique Krauze en el memorable artículo que publicó en Letras Libres bajo el título de El Mesías tropical, en junio del 2006:

“La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo… No es una junta de notables y un poder casi divino”.

El Presidente de los abrazos, no balazos se aferra a la idea de que la solución a la inseguridad está en el encierro del mayor número de sospechosos, a través de la prisión preventiva oficiosa.Diversas organizaciones, sin embargo, han documentado los excesos cometidos bajo esta medida cautelar, que debería ser excepcional. México Evalúa dice que, en México, cuatro de cada diez personas están en prisión preventiva bajo esta medida. Hay estados que la aplican en ocho de cada diez casos.  ¿Presunción de inocencia? Ajá.

* Observadores de la vida en la Suprema Corte nos dicen que si con sus palabras el Presidente quiere decir que los cuatro ministros mencionados son independientes del Poder Ejecutivo, se equivoca.

“No todos lo son. Margarita Ríos-Farjat sí. González Alcántara Carrancá a veces sí y a veces no. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz de plano no”, aseguran. Y puntualizan: “La lectura es que López Obrador está molesto y quiere presionar para que voten por mantener la famosa prisión preventiva oficiosa”.

La presión del Ejecutivo coloca en situación comprometida a los cuatro ministros. Si votan contra el proyecto, van a pasar como empleados del Ejecutivo. Si van a desaparecer la prisión preventiva, se echarán encima al Presidente.

No sobra decir que hay por lo menos cinco ministros anteriores a la 4T que van por la eliminación de la excepcional medida cautelar. Alberto Pérez Dayán es uno de ellos. Para borrarla se necesitan ocho votos.

* El gobierno argumenta que la prisión preventiva oficiosa busca proteger a la víctima y a su familia del agresor. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría Protección Ciudadana y Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, agrega que la medida cautelar evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia, se den a la fuga; amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal.

En el 2008 se estableció esta medida cautelar excepcional con el nuevo Sistema de Justicia Penal. En los años siguientes se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Éstos son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al autotransporte de carga, huachicol, portación y utilización de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La desaparición de la prisión preventiva implica la posible liberación de 91 mil personas (el dato es de la mañanera).

Publicado en excelsior