Las y los integrantes de las distintas fuerzas políticas, representadas en el Senado de la República, fijaron su postura sobre el proyecto para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.   

Al inicio del debate, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, presentó una moción para retirar el dictamen y discutir la propuesta, de manera profunda, en un Parlamento Abierto; sin embargo, dicha petición fue rechazada con 65 votos en contra y 49 a favor.    

En la presentación del documento, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que con las reformas se busca encontrar claridad en la línea disciplinaria, facilitar el ejercicio del mando y afianzar el espíritu que el cuerpo policial requiere, a fin de dar respuesta al problema de seguridad. 

La legisladora enfatizó que la aprobación del dictamen “en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos”, pues el Senado debe analizar y aprobar la estrategia del cuerpo policial, así como darle seguimiento a su desempeño. 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, indicó que las reformas forman parte de las acciones concretas que se deben adoptar como Estado, para combatir y abatir los altos índices de inseguridad del país, pues están encaminadas a salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas.  

Transferir el control administrativo y operativo, agregó, actualmente adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Defensa Nacional, constituye un reconocimiento del Ejecutivo federal para ajustar la estrategia de la seguridad pública. 

Luego se presentaron siete votos particulares, por parte de los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Claudia Ruiz Massieu Salinas, PRI; Manuel Añorve Baños, del PRI; German Martínez Cázares, del Grupo Plural; dos del senador Noe Castañón y uno de la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano. 

Las y los senadores que plantearon estas propuestas advirtieron que estas reformas “caerán como fichas de dominó” cuando se les realice “la prueba constitucional”; y que cancelan la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional fuerte y confiable, pues “la militarización no es la respuesta”. 

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Navor Alberto Rojas Mancera, aseguró que el espíritu del proyecto es profesionalizar a la Guardia Nacional, ya que actualmente no hay infraestructura, armas, ni gente preparada en las policías estatales y municipales, para hacer frente al crimen organizado.  

Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, señaló que la militarización no dio resultados durante las administraciones anteriores, por lo que es incomprensible que este gobierno tenga el doble de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en territorio nacional: “no, señor Presidente, no le vamos a permitir que militarice este país”, sentenció. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, afirmó que el proyecto es inconstitucional y desvirtúa el propósito fundacional de la Guardia Nacional. “Con este cambio de paradigma -sostuvo-, no sólo están traicionando los acuerdos del Senado de la República, sino también su supuesta lucha histórica”. 

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que “es una reforma inútil”, que no sirve a la sociedad, no fortalece a la corporación ni a las policías locales, al contrario, “se está desnaturalizando y debilitando”. 

Por el PVEM, el senador Manuel Velasco Coello afirmó que gobernadores de todos los partidos políticos apoyan a la Guardia Nacional, porque su labor es indispensable para garantizar la seguridad en sus estados, “por lo que sería preocupante que no la dotáramos de mayores instrumentos para que puedan proteger a la ciudadanía”. 

De Encuentro Social, la senadora Sasil de León Villard hizo un llamado a sus compañeros a no negar la historia ni a ignorar las políticas fallidas de seguridad: “convoco a todos los grupos parlamentarios a consolidar una política de seguridad, que garantice la protección a la vida y un Estado que cuide y defienda a su pueblo”. 

El senador Alejandro González Yáñez dijo que el PT votará por la pacificación de México, por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, y por la estrategia de seguridad pública del presidente, “porque no es verdad que se esté militarizando al país, pues en el México de hoy no se violan los derechos humanos”. 

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, afirmó que es fundamental respetar la Constitución Política y mantener a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, “por lo que hago votos por la congruencia política de la mayoría legislativa y evitar la militarización de los cuerpos de seguridad pública”.  

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que “la prisa” por aprobar las reformas es porque al Presidente “le urge” que, para el 16 de septiembre, la Guardia Nacional esté en el Ejército para que participe en un desfile. 

Luego de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su postura en torno al dictamen, las y los senadores dieron paso a la discusión, en lo general, de las reformas.