Con 71 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para adicionar un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a fin de sancionar con una pena de entre uno y cinco años de cárcel el acoso sexual en espacios públicos, espacios privados o a través de medios informáticos.  

El proyecto precisa que al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, en espacio público, privado o a través de medios informáticos que cause como resultado cualquier tipo de daño o perjuicio, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

Establece que sólo se procederá contra la persona que cometa dicha conducta, a petición de la parte ofendida, y que si la persona acosadora fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, será destituido e inhabilitado para ocupar otro cargo público hasta por un año. 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, subrayó que es de gran trascendencia regular las acciones de violencia que se dan en contra de las mujeres, como es el acoso sexual.  

Agregó que, para erradicar el acoso sexual y la violencia de género, es necesario realizar a la brevedad una reforma legislativa al Código Penal Federal, para tipificar el acoso sexual independientemente del hostigamiento. 

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortíz Salinas, dijo que el proyecto atiende uno de los problemas que sufren las mujeres, el acoso sexual, que se ejerce de forma física, psicológica u otra modalidad; por ello, desatacó la importancia de realizar estos cambios a la Código Penal Federal en beneficio de la protección de las mujeres. 

En el documento se menciona que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la violencia sexual comprende una amplia gama de actos, incluso el coito sexual forzado, así como el contacto sexual no deseado, y que hay evidencia que la violencia sexual es un grave problema presente en América Latina. 


Además, expertos aseguraron que el acoso sexual ocurre principalmente en el ámbito laboral, en empresas particulares o en el transporte público, en los que pocas veces se cuenta con protocolos para atender dicha situación, sin contar que la mayoría de los casos, la persona afectada no presenta la denuncia o acta correspondiente por temor a sufrir represalias. 

Una vez aprobado, este proyecto se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.