La diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato, Yulma Rocha, dijo que su partido le indicó que era una “línea partidista” de apoyar la reforma para ampliar a 2028 la presencia militar en tareas de seguridad pública.

La diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato, Yulma Rocha, denunció que su bancada le retiró los apoyos inherentes a su trabajo legislativo por haber votado en contra de la reforma que amplió a 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“He recibido la comunicación por parte de la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Guanajuato, que a manera de sanción por votar en contra de la reforma legal que busca ampliar el tiempo de actuación de la Fuerza Armada en tarea de seguridad pública, se me retirarán los apoyos administrativos y económicos a los que tengo derecho para el desempeño de mis funciones legislativas y para el cumplimiento de las atribuciones inherentes al cargo de Diputada, argumentando que había una línea partidista que incumplí”, aseveró.

Cabe destacar que además de su dieta legislativa mensual, cada legislador federal y local recibe recursos de su bancada para diversas actividades, entre ellas el funcionamiento de módulos de atención ciudadana.

En un escrito a la opinión pública, la legisladora local se dijo convencida de su voto en contra de la reforma militar, cuya iniciativa presentó una diputada federal del PRI y fue respaldada por Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mi decisión de votar en contra de la militarización de la seguridad pública fue un acto en ejercicio de mi autonomía como Diputada, pero también por convicción, por responsabilidad, y en congruencia con nuestro Programa de Acción priista que indica como un retroceso el hecho de que la seguridad pública deba ser una tarea del Ejército”, planteó.

La legisladora Yulma Rocha reivindicó la inviolabilidad parlamentaria, y expresó que buscará mecanismos de defensa para evitar que le sean restringidos sus derechos.

“Castigarme por ejercer mi derecho y defender mis principios es un acto arbitrario e ilegal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de Diputada. Utilizar los recursos públicos como instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política”, planteó.

Cabe destacar que el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, de mayoría panista, no aprobó la reforma constitucional militar.

Fuente: El Economista