¿De dónde saldrán recursos adicionales para atender a 30 mil personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, expulsadas mensualmente de EEUU y que México se comprometió a recibir?

El presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) para el 2023 es de mil 769 millones de pesos (1.4% más que en el 2022).

Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tendrá 48 millones de pesos (0.8% más que en el 2022).

Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Cd. Juárez, Nogales, Reynosa, Tijuana, Mexicali, no tendrán un solo peso más para atender a personas en situación de Migración.

Las personas migrantes viven en tiendas de campaña improvisadas, cartones, plásticos; sin servicios públicos de salud; sin ayuda alguna para agua o alimentos; víctimas de la delincuencia organizada y de la trata de personas.

Las organizaciones de la sociedad civil no se dan a basto para su atención y encima son hostigadas por personal de migración, Guardia Nacional y elementos de seguridad federales, estatales y municipales.

Los tres niveles de gobierno retiraron toda ayuda para atender a la migración.

Entonces, vale la pena preguntar, y ¿de dónde vendrán los recursos para atender a las más de 150 mil personas en situación de migración en las fronteras de México, y las 30 mil expulsadas mensualmente?

La reciente Cumbre de América del Norte se lava las manos. No hay un solo programa concreto ni una cifra en miles de millones de dólares comprometida para atender a mujeres y hombres de todas las edades que acampan en México, producto de la violencia o la situación económica en sus países de origen e incluso de nuestro propio país que han sido desplazados por la violencia.

La migración no se va a detener. Las personas seguirán muriendo ahogadas ilusionadas con el “Sueño Americano”.

En 2022 la Border Patrol reportó 853 muertes de personas las cuales fueron encontradas ahogadas en el Río Grande. En el 2021 murieron 546.

Mientras no haya un solo resultado concreto para atender la mayor crisis humanitaria migratoria del mundo, para el Grupo Plural del Senado de la República, la Cumbre ha sido un fracaso estrepitoso donde se privilegiaron intereses económicos, pero no los derechos humanos de las personas, quienes por cierto son la mano de obra del desarrollo industrial y doméstico en América del Norte.