Arturo Zárate Vite

Si un árbitro en el futbol mexicano dijera públicamente que su favorito es el América y participara en actividades promocionales a favor de este equipo, en un país de libertades, que debe significarse por el respeto a la libertad de expresión, estaría en todo su derecho de hacerlo.

El reglamento deportivo no le niega exhibir sus preferencias, por uno o varios equipos, ni en privado ni en público, no tendría ningún problema si a la hora de estar en el campo de juego fuera absolutamente imparcial.

¿Lo aceptarían aficionados, directivos y equipos que jugaran contra el América?

Por supuesto que los aficionados o seguidores del equipo adversario de las Águilas no aceptarían al árbitro, pedirían su cambio, porque justificadamente tendrían dudas sobre su imparcialidad.

Es muy probable que los directivos se opusieran a que fuera el árbitro del juego donde estuviera involucrado el América. Los jugadores también desconfiarían de su desempeño, aunque jurara ajustarse a las reglas y pregonara que su actuación es neutral.

Hasta ahora no se ha visto que un árbitro de futbol haga públicas sus preferencias por determinado equipo. Lo han hecho cuando ya dejan la actividad y se dedican a la crónica deportiva.

En el sistema de justicia mexicano, por muchos años, los juzgadores rarísima vez hacían declaraciones públicas, para evitar malos entendidos o el riesgo de caer en conflicto de interés. Hacían válida la frase de que se les conocería por lo que resolvieran en cada caso.

Como en todo gremio o profesión las personas pueden hacer lo que quieran sin salirse del marco constitucional. Sus gustos, sus preferencias, son muy respetables. Están en su derecho de hacerlas públicas, si así lo quieren, en las redes sociales o por cualquier otro medio.

El punto crítico es cuando se trata del árbitro o juzgador.

¿Se imaginan al presidente del INE diciendo que es partidario del PAN, del PRI o de Morena?

Nadie creería en su imparcialidad.

Lo mismo sucedería con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si públicamente se pronunciara a favor de alguno de los partidos. Sus resoluciones se pondrían en duda.

Si un juzgador, juez o magistrado, utilizara las redes sociales, que está en todo su derecho de hacerlo, para hablar o escribir sobre sus tendencias, no hay ningún problema porque se trata de ejercicio de libre expresión. Lo delicado es cuando tenga que analizar casos relacionados con sus preferencias, porque entonces puede caer en conflicto de interés.

En el supuesto de que el juzgador fuera antifeminista o machista, entraría en conflicto de interés si tiene que resolver un asunto en el que estuviera involucrado alguien de la diversidad sexual y de género, de la comunidad LGBTI. Tendría que abstenerse de participar en el proceso.

Lo mismo sería si fuera feminista. Activista y participante de marchas, como es el caso de la magistrada y consejera Lilia Mónica López Benítez. Son obvias las tendencias en lo que difunde en su Twitter “@LMonicaLopezB”. Muy respetables, solo que caería en conflicto de interés, en riesgo de ser parcial.

Justificadamente habría que revisar las resoluciones en las que participó en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.

Lo conflictivo del asunto es que ahora es integrante del Consejo de la Judicatura Federal (a donde llegó después de tres rondas de votación en la Corte). Como consejera, ella misma tendría que revisar sus propias resoluciones, sería juez y parte. Además, quien era su secretario de acuerdos, Enrique Velázquez Martínez, hace las funciones de magistrado en dicho tribunal. Lógico que no haría nada que fuera en contra de lo que hizo su jefa.

¿Hay conflicto de interés de la consejera Lilia Mónica López Benítez?

Sin duda, este es tema que se debe considerar en próxima reforma judicial. vite10@hotmail.com

@zarateaz1

arturozaratevite.com