Francisco Garfias

Una intervención armada en México para combatir a los cárteles de la droga no está en el ánimo del presidente Biden. Las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, van en ese sentido. “Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento”, dijo ayer la vocera.

El mensaje de Jean-Pierre contrasta con la postura de 23 fiscales republicanos que han solicitado abiertamente la inclusión de los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas. Los fiscales esgrimen, como argumento, el vínculo que existe entre los cárteles y las más de 100 mil muertes anuales en Estados Unidos, causadas por el consumo de fentanilo. En ambas cámaras del Congreso de ese país hay proyectos de ley que proponen dar el paso e incluir a las bandas criminales en la lista de las organizaciones terroristas.

“No es para invadir México ni derribar aeronaves mexicanas, sino para destruir sus laboratorios y sus redes”, explicó el senador Lindsey Graham, autor de uno de esos proyectos.

Para Ricardo Monreal, sin embargo, sería “inadmisible” que tropas extranjeras incursionen en territorio nacional para combatir delincuentes, ni siquiera en forma concertada. “El Senado y su mayoría no autorizará la entrada de ninguna fuerza militar extranjera a México. Es nuestra facultad y desde ahora lo expreso categóricamente”, dijo ayer. Le preguntamos: ¿cómo hacer para que la soberanía no termine por ser manto protector de los grupos del crimen organizado y la población siga en la indefensión, como hoy lo está? 

—Yo creo que la discusión sobre la intervención militar de tropas extranjeras no debería ni plantearse. Es inadmisible, es inconstitucional, sería una tragedia nacional, rechazó. Yo he insistido en la necesidad de revisión del plan de seguridad, he insistido en la necesidad de profundizar la estrategia contra el crimen organizado. México tiene capacidad, sus autoridades todas se dedican al combate de  delitos a la procuración y administración de la justicia. Tiene capacidad para enfrentar ese flagelo que nos tiene postrados en una situación que lamento…”. Lo atajamos para preguntarle: Si hay capacidad, ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad?

—Yo creo que hay capacidad. Hay que revisar la estrategia del plan de seguridad, coordinar esfuerzos, hacer uso de inteligencia, respondió.

* El presidente López Obrador organizó ayer un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en ese alcázar en el que se convirtió Palacio Nacional para protegerse de las manifestantes del 8M. Invitó a tres de las cuatro corcholatas de Morena que aspiran a sucederlo: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pero también a gobernadoras, legisladoras, y secretarías de Estado. Monreal no estuvo. Sigue siendo el hermano no reconocido.  Allí presumió que “la 4T es feminista. Es más.  Eso ya se logró”. No faltaron los otros datos. Poco antes, en la mañanera, afirmó que los feminicidios han bajado 35.7% desde 2021. Por allí seguramente andaba la senadora de Morena, Imelda Castro, quien el martes distinguió a López Obrador como “el presidente más feminista del mundo”. La invitación del mandatario a las senadoras de Morena obligó a suspender la sesión del pleno por falta de quórum.  

Le preguntamos al senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, si está de acuerdo con esa afirmación de la senadora Castro: “Absolutamente no. Al contrario, la política pública de este gobierno es regresiva. En materia de recursos públicos, de garantías, de protección, de alerta de género, de protección, incluso, en los albergues”.

El retroceso es evidente. Los números de homicidios y violencia están en los peores momentos y clarísimamente no basta con poner mujeres en función.

“Lo que habla de un gobierno son sus actos, no sus discursos y tienen una disociación notable entre lo que dicen y lo que hacen. Lo dicen las encuestas: la mayoría de las mujeres no cree que ése sea un gobierno feminista. Álvarez Icaza se unió al coro de senadores que acusan al Presidente de “violencia de género” en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Dijo textual: “Lo que el Presidente hace con la ministra Piña es violencia de género. No es que haga declaraciones en lo general. Son declaraciones con nombre y apellido. La vincula a la delincuencia organizada. La responsabiliza de lo que está pasando en los dos meses que tiene en el cargo. Pareciera la expresión clara de que perdió el control del Poder Judicial, como se lo garantizaba Arturo Zaldívar.

Ya que estamos. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presidenta  de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, confía en que habrá sensibilidad en sus pares para aprobar el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias Morosas. Las cifras reflejan la urgencia de legislar al respecto. Por cada diez matrimonios que hay en México, hay tres divorcios. Tres de cada cuatro hijos de padres divorciados  no reciben pensión alimentaria.

Publicado en escelsior