Ciudad de México, 27 de junio de 2025 — La senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó duramente la rapidez con la que el Senado está aprobando reformas de alta especialización técnica, advirtiendo que el apresurado proceso legislativo podría derivar en errores graves de implementación que afecten directamente a la ciudadanía.

En entrevista, la legisladora señaló que las mayorías absolutas ejercidas por Morena han reducido al mínimo el espacio para el análisis y el consenso. “Las reformas se están dictaminando y votando a la velocidad de la luz. Son leyes complejas, con muchas implicaciones técnicas, y no se les está dando el tiempo que merecen”, sostuvo.

La senadora anticipó un debate intenso para las próximas sesiones, en las que se discutirá la Ley de Telecomunicaciones, así como las reformas que impactan organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). “Son temas técnicos, de alto calado, que necesitan estudio serio, no fast track legislativo”, alertó.

Respecto a la Ley de Telecomunicaciones, Anaya expresó su preocupación sobre la obligatoriedad para los sub-concesionarios de telefonía celular de resguardar durante un año los datos de usuarios, incluyendo llamadas, geolocalización, mensajes y actividad web. Recordó que esta disposición existe desde 2014, pero ahora el contexto de seguridad ha cambiado.

“El problema es que antes estos datos se entregaban al Ministerio Público con control judicial; hoy, con las reformas al artículo 21 constitucional, ya se otorgaron facultades de investigación y seguridad pública a cuerpos militares como la Guardia Nacional. Eso representa un riesgo serio para la privacidad ciudadana”, explicó.

Anaya propuso que sea únicamente el Ministerio Público quien reciba esa información, con autorización judicial y en el marco de carpetas de investigación por delitos específicos como extorsión, secuestro o desaparición. “Ampliar el acceso a esa información a tantas instancias, como se plantea ahora, pone en riesgo las garantías individuales”, advirtió.

Finalmente, llamó a una discusión más profunda sobre el alcance de las reformas en materia de seguridad y vigilancia: “Podemos terminar normalizando una arquitectura de vigilancia sin darnos cuenta de las implicaciones para la democracia. A este paso, estamos legislando sin evaluar los riesgos reales”.