Río de Janeiro, Brasil.— La Cumbre BRICS 2025 concluyó con un histórico paquete de 126 compromisos multilaterales, marcando un punto de inflexión en la consolidación del bloque como fuerza geopolítica alternativa al G7. Bajo el liderazgo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, los países miembros —Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos— reafirmaron su apuesta por un orden mundial multipolar, más inclusivo y menos dependiente de las potencias tradicionales.

La Declaración de Río establece líneas estratégicas en materia de gobernanza global, inteligencia artificial, salud, cambio climático, finanzas, seguridad y cooperación tecnológica. El bloque también condenó los ataques terroristas en Jammu y Cachemira, y propuso una reforma profunda al Consejo de Seguridad de la ONU, buscando mayor representación de países emergentes.

En medio de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos —especialmente tras los nuevos aranceles anunciados por el presidente Trump— los BRICS denunciaron el auge del proteccionismo y se comprometieron a fortalecer sus cadenas de suministro, sus monedas locales y sus mecanismos de financiamiento regional.

La cumbre también marcó la adhesión oficial de Indonesia como miembro pleno, convirtiéndose en el primer país del sudeste asiático en integrarse al bloque. Arabia Saudita, por su parte, mantiene su estatus de país socio, sin ratificación definitiva.

Aunque los líderes de Rusia y China no asistieron presencialmente —Putin participó de forma virtual debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, y Xi Jinping se ausentó por razones estratégicas—, sus delegaciones respaldaron los acuerdos alcanzados.

Con esta cumbre, los BRICS no solo consolidan su papel como plataforma económica, sino que se proyectan como actor geopolítico con voz propia, capaz de influir en los grandes debates globales. La presidencia brasileña cerró el encuentro con un llamado a la cooperación Sur-Sur y a la defensa de la soberanía digital, energética y alimentaria de los países en desarrollo.