Ciudad de México, 28 de agosto de 2025. En una conferencia de prensa encabezada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la secretaria general Carolina Viggiano y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, el tricolor presentó una agenda legislativa de quince puntos que interpela directamente al oficialismo y exige respuestas institucionales inmediatas.


La propuesta incluye la publicación urgente del decreto de reforma constitucional en materia de salario profesional, que garantizaría un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales para maestras, médicos, policías, militares y personal de salud. El PRI advierte que los salarios no pueden seguir por debajo de la inflación, y que el Estado debe asumir su responsabilidad redistributiva.


En materia de seguridad, el partido demanda la instalación inmediata de dos comisiones bicamerales: una para Seguridad Nacional y otra para evaluar las tareas de la Guardia Nacional. Además, exige la publicación del Programa de Seguridad Nacional y la remisión al Senado de la Agenda Nacional de Riesgo, documentos clave para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.

La bancada también exige comparecencias públicas de todos los titulares del gabinete, en especial de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, así como de los directores de Pemex, CFE y Tren Maya. El objetivo: analizar el primer informe presidencial y transparentar el estado real de los megaproyectos, sus impactos ambientales y financieros, y los adeudos que amenazan la viabilidad de cientos de empresas, sobre todo en el sureste del país.

En un giro frontal, el PRI cuestiona la metodología del INEGI para medir la pobreza, y exige la comparecencia de su presidenta. “La pobreza no ha disminuido, por desgracia”, sentenció Moreno Cárdenas, acusando manipulación estadística.

La agenda también incluye un llamado a legislar sobre extorsión mediante parlamento abierto, el rescate del campo mexicano con presupuesto específico, y la asignación de recursos suficientes para medicinas e insumos médicos. Además, se propone un grupo de trabajo para auditar el registro de homicidios, feminicidios y secuestros, ante sospechas de subregistro oficial.

Finalmente, el PRI exige el trámite inmediato de mandamientos judiciales por omisiones legislativas y la creación de una nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con estándares internacionales, autonomía real y mecanismos de evaluación.

La conferencia marca un posicionamiento institucional que busca recuperar el papel fiscalizador del Congreso y tensiona la narrativa oficialista de gobernabilidad sin contrapesos.