Ciudad de México, 8 de octubre de 2025

El diputado federal del PAN, Elías Lixa, rechazó tajantemente conceder “beneficio de la duda” al gobierno tras la aprobación de la nueva Ley Aduanera, al considerar que no existe voluntad real para combatir el tráfico ilegal en las aduanas del país. “Este gobierno ha sido absolutamente indolente. No combate el huachicol fiscal, lo encubre”, afirmó.

Durante un encuentro con medios, Lixa denunció que la reforma no ataca el problema de fondo: una estructura corrupta que opera desde dentro del gobierno y que ha permitido el desvío de más de 600 mil millones de pesos del erario. “Es absurdo pensar que esto lo hicieron particulares sin complicidad de autoridades. El gobierno quiere que miremos hacia otro lado, pero hay funcionarios corruptos que siguen impunes”, señaló.

El legislador panista criticó la militarización de las aduanas, señalando que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas civiles ha generado degradación y corrupción. “Necesitamos mandos civiles fuertes, no soldados en funciones que no les corresponden”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad del exsecretario de Marina, Lixa fue claro: “No se trata de una sola institución. Es una estructura inmensa que operó en sincronía desde el gobierno y fuera de él, robándole a México mientras se mantenía la gasolina cara para las familias y barata para los criminales”.

Sobre las presiones del gobierno de Estados Unidos para que México entregue a líderes criminales como condición para revisar el T-MEC, Lixa respondió que la prioridad debe ser la seguridad de los mexicanos, no complacer a otro país. “El crimen no se comete en Estados Unidos. Allá compran legalmente la gasolina. El delito ocurre cuando cruzan la frontera sin declarar el producto, evadiendo impuestos y duplicando su ganancia con la complacencia de autoridades mexicanas”, explicó.

El diputado concluyó señalando que el alto costo de la gasolina en México es resultado de una política que beneficia al crimen organizado y castiga a las familias. “Es un crimen doble: el gobierno y los delincuentes operan juntos, y las víctimas son los ciudadanos”.