La dirigencia nacional de Morena ha confirmado la expulsión definitiva de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, tras revelarse que enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, más allá del anuncio, lo que ha quedado al descubierto es la profunda desinformación —o conveniente omisión— de la lideresa nacional del partido, Luisa María Alcalde, sobre uno de los casos más escandalosos que sacuden al movimiento guinda.

Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido en Paraguay y deportado a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, secuestro agravado y extorsión. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Morena tardó meses en tomar una decisión definitiva sobre su militancia. En julio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) apenas suspendió sus derechos partidistas, y fue hasta octubre que se concretó su expulsión.

Lo más alarmante no es solo la tardanza, sino la actitud de Alcalde, quien en conferencia de prensa se limitó a decir que la expulsión se dio “por obvias razones”, sin ofrecer detalles ni asumir responsabilidad política por haber tenido en sus filas a un presunto criminal de alto perfil. ¿Obvias razones? ¿Desde cuándo la dirigencia de un partido puede permitirse el lujo de no saber —o no querer saber— quiénes son sus militantes?

La propia Alcalde reconoció que no sabía si existía alguna investigación contra el senador Adán Augusto López, quien fue gobernador de Tabasco cuando Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad. “Hasta la fecha yo no conozco de alguna queja que se haya presentado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra del senador”, dijo, deslindándose de cualquier responsabilidad.

Pero los vínculos entre Bermúdez y figuras clave del morenismo son más que evidentes. Fue impulsado por Adán Augusto López, promovido por Audomaro Martínez, y respaldado por Leonel Cota, todos cercanos al expresidente López Obrador. Desde 2019, se sabía en el gobierno federal que Bermúdez tenía nexos con el crimen organizado, pero nada se hizo. Su impunidad fue garantizada por el aparato político que hoy finge sorpresa ante su caída.

La expulsión de Bermúdez no es un acto de justicia, sino una maniobra desesperada para limpiar la imagen de un partido que se ha visto rebasado por sus propias contradicciones. Morena se presenta como el adalid de la lucha contra la corrupción, pero toleró durante años la presencia de un presunto criminal en sus filas, incluso en un cargo tan delicado como la seguridad pública de un estado.

La CNHJ, que ahora presume de haber actuado “por obvias razones”, no publicó la resolución de expulsión en sus canales oficiales, ni ofreció una explicación clara sobre cómo alguien con semejante historial pudo afiliarse al partido en 2023, en plena administración de Adán Augusto López.

La narrativa oficial intenta vender la idea de que Morena es el partido que combate la impunidad. Pero los hechos apuntan a lo contrario: la expulsión de Bermúdez solo ocurrió cuando su captura internacional ya era inevitable, y cuando la presión mediática y judicial hizo insostenible su permanencia.

Este caso no solo exhibe la fragilidad institucional de Morena, sino también la ignorancia —real o fingida— de su dirigencia, que parece más preocupada por el control del discurso que por la limpieza de sus estructuras. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos más como Bermúdez se esconden bajo el manto del “cambio verdadero”?