Con 454 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la fracción III del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objetivo de incorporar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la formulación y ejecución de planes de manejo, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas. La medida busca atender los retos ambientales derivados del crecimiento tecnológico y la transición hacia energías limpias.

El documento, que ahora será turnado al Senado, establece en su régimen transitorio que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá emitir las disposiciones reglamentarias y normas aplicables en un plazo máximo de 180 días naturales. Además, la dependencia implementará campañas de difusión sobre la gestión adecuada de paneles solares al final de su vida útil en un periodo no mayor a un año.

El dictamen subraya la urgencia de regular el manejo de paneles solares y baterías de litio utilizadas en sistemas de electromovilidad, debido al riesgo ambiental que representan cuando concluyen su ciclo de vida. “No podemos permitir que la transición energética se convierta en un problema ambiental futuro”, señala el documento, al destacar la necesidad de una estrategia integral que garantice un manejo responsable y seguro.

El diputado Fausto Gallardo García (PVEM), impulsor de la reforma, explicó que la propuesta es resultado del trabajo conjunto de tres iniciativas, dos de ellas surgidas del interés y preocupación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. “Ellos se preguntaron qué ocurrirá con los paneles solares y las baterías cuando terminen su vida útil, y hoy damos respuesta con una reforma que mira hacia el futuro”, afirmó.

Gallardo detalló que la modificación persigue dos objetivos: clasificar los residuos generados por sistemas fotovoltaicos como residuos de manejo especial y establecer que las baterías de ion litio y otros compuestos energéticos sean sujetas a planes de manejo obligatorios. Con ello, se busca que productores, importadores, exportadores, distribuidores y usuarios finales participen activamente en procesos de reciclaje bajo principios de responsabilidad compartida y economía circular.

El legislador advirtió que, aunque estas tecnologías impulsan la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía limpia, también pueden representar riesgos ambientales y de seguridad si no se gestionan adecuadamente. “Es nuestra responsabilidad garantizar que la innovación no se traduzca en contaminación”, concluyó.