La senadora de Morena por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, intentó minimizar las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a su gestión como presidenta municipal de Tecámac, donde fueron detectadas irregularidades por más de 93 millones de pesos correspondientes a recursos federales cuyo destino no fue plenamente aclarado.

Al ser cuestionada sobre los pliegos de observaciones y posibles responsabilidades administrativas derivadas de la revisión del gasto federalizado, la legisladora sostuvo que se trata de “procedimientos normales” dentro de los procesos de fiscalización y aseguró que su administración actuó con apego a la ley. Sin embargo, evitó detallar con precisión cómo y en qué fueron ejercidos los montos observados, ni presentó documentación específica que desvirtúe los señalamientos técnicos del órgano fiscalizador.

La ASF estableció que una parte sustancial de los recursos auditados presenta inconsistencias en comprobación, integración documental y ejecución, lo que abrió procedimientos para la aclaración correspondiente. Aunque estos procesos aún no concluyen, el volumen del monto observado coloca el caso bajo un escrutinio político inevitable.

La senadora insistió en que no existe daño patrimonial definitivo hasta que se agoten los plazos legales de solventación, pero su respuesta dejó más interrogantes que certezas respecto a la trazabilidad del gasto y los mecanismos de control interno implementados durante su administración municipal.

En ese contexto, las observaciones de la ASF se suman a señalamientos públicos que han circulado en espacios periodísticos y columnas de opinión, donde se ha cuestionado la presunta conformación de una red de familiares y personas cercanas dentro de la estructura municipal durante su gestión en Tecámac. También se han planteado dudas en torno a la evolución de su patrimonio, particularmente en lo relativo a bienes inmuebles y objetos de alto valor que, según voces críticas, resultarían desproporcionados frente a los ingresos reportados como alcaldesa y actualmente como senadora.

Hasta el momento no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades en estos rubros; sin embargo, la acumulación de cuestionamientos políticos y administrativos coloca a la legisladora bajo una lupa pública que trasciende la simple narrativa de “procedimientos normales”. La exigencia de transparencia no es un trámite, es una obligación inherente al ejercicio del poder.