En el marco del 97 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Grupo Parlamentario tricolor en el Congreso del Estado de México colocó en el centro del debate legislativo una de las deudas históricas más sensibles del país: la justicia social para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Con dos propuestas concretas —una iniciativa en materia de vivienda y un exhorto para homologar registros oficiales de comunidades indígenas— las y los legisladores priistas buscan atender rezagos estructurales que afectan a miles de familias mexiquenses.

En mensaje a medios, el diputado Eduardo Zarzosa expuso cifras que delinean con claridad la magnitud del desafío. De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), en el Estado de México habitan 417 mil 603 personas hablantes de alguna lengua indígena. De ellas, casi el 70 por ciento vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, una realidad que se traduce en carencias profundas y limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos.

El legislador detalló que buena parte de estas condiciones de vulnerabilidad se reflejan en la calidad de la vivienda. Muchas familias habitan inmuebles construidos con materiales precarios, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad, o en escenarios de hacinamiento que impactan directamente en la salud, la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Ante este panorama, Zarzosa presentó una iniciativa que busca garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tengan acceso equitativo a la vivienda. La propuesta plantea incorporar en la ley criterios claros de inclusión y justicia social, con el objetivo de facilitar su acceso a programas públicos, subsidios, esquemas de financiamiento y créditos para la construcción, mejoramiento o ampliación de sus hogares.

El enfoque, subrayó el diputado, no se limita a la dotación de recursos, sino que contempla el respeto a los entornos y las expresiones culturales de cada comunidad. Es decir, que las viviendas puedan desarrollarse en condiciones dignas, pero también acordes a su identidad, tradiciones y formas de organización comunitaria. La propuesta, según explicó, busca cerrar brechas históricas sin imponer modelos ajenos a las dinámicas sociales de los pueblos originarios.

Por su parte, la diputada Lety Mejía presentó un exhorto dirigido al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de homologar el Listado de Localidades Indígenas del Estado de México con el Catálogo Nacional de Localidades Indígenas.

La legisladora explicó que actualmente existe una discrepancia significativa entre ambos registros. Mientras el INPI reconoce 647 comunidades indígenas mexiquenses inscritas en el Catálogo Nacional, el CEDIPIEM contabiliza 840 en su listado estatal. Esta diferencia —cercana a 200 comunidades— tiene consecuencias directas en el acceso a programas sociales, acciones gubernamentales y beneficios implementados desde el Gobierno Federal.

En términos prácticos, ello implica que integrantes de comunidades reconocidas a nivel estatal, pero no inscritas en el catálogo nacional, pueden quedar fuera de apoyos y recursos federales destinados a pueblos indígenas. La homologación de los listados, argumentó Mejía, permitiría evitar exclusiones injustificadas y garantizar que todas las comunidades sean visibles en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Ambas propuestas, coincidieron los legisladores, responden a una visión histórica del PRI en torno a la causa indígena. En el contexto de su 97 aniversario, el grupo parlamentario afirmó que la defensa de los pueblos originarios ha sido una bandera fundamental del partido y que continuará siendo eje de su agenda legislativa.

Más allá de la conmemoración, el debate abre una discusión de fondo sobre la necesidad de armonizar marcos legales, padrones institucionales y políticas públicas para asegurar que los derechos reconocidos en la Constitución se traduzcan en beneficios tangibles. La vivienda digna y el reconocimiento administrativo no son asuntos menores: constituyen la base para el acceso a educación, salud, empleo y participación comunitaria en condiciones de igualdad.