El Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México ha puesto sobre la mesa una iniciativa que busca responder a una problemática muchas veces invisibilizada: el robo de maquinaria, herramientas e insumos agrícolas. La propuesta, encabezada por la diputada Lety Mejía, plantea reformar el Código Penal estatal para tipificar este delito de manera específica y sancionarlo con penas de entre 12 y 20 años de prisión, además de multas económicas que podrían alcanzar hasta tres veces el valor de lo sustraído.

El planteamiento no surge en el vacío. En diversas regiones del Estado de México, los productores agrícolas enfrentan no solo los retos tradicionales del campo —como el clima, los costos de producción o la volatilidad de los precios— sino también un incremento en los delitos que afectan directamente su capacidad de trabajo. La diputada Mejía lo resume con una imagen contundente: el robo de un tractor no es la pérdida de un objeto cualquiera, sino el despojo de la herramienta que permite a una familia subsistir.

“Trabajar la tierra se ha vuelto más difícil y más peligroso”, señaló la legisladora al presentar la iniciativa. Su argumento central es que el impacto de estos robos va mucho más allá del valor económico de los bienes sustraídos. Para muchos campesinos, la maquinaria agrícola representa años de esfuerzo, ahorro e inversión. Su pérdida implica, en numerosos casos, la paralización total de la producción y la desaparición de la única fuente de ingresos familiar.

Actualmente, el robo de este tipo de bienes no cuenta con una tipificación específica dentro del Código Penal del Estado de México, lo que, de acuerdo con la propuesta priista, genera un vacío legal que limita la capacidad de las autoridades para sancionar adecuadamente a los responsables. Bajo la legislación vigente, estos delitos suelen clasificarse dentro de categorías generales de robo, sin considerar el impacto social y económico particular que tienen en el sector agrícola.

La iniciativa busca corregir esta omisión mediante la creación de un marco jurídico que reconozca la gravedad del delito en función de sus consecuencias. De aprobarse, el robo de maquinaria, implementos, insumos agrícolas y tractores sería considerado un delito con agravantes específicas, lo que implicaría sanciones más severas en comparación con otros tipos de robo.

Más allá del endurecimiento de penas, la propuesta también tiene un componente preventivo. La intención es que el aumento en las sanciones funcione como un elemento disuasorio para quienes cometen estos delitos. En palabras de Mejía, “no es lo mismo robar cualquier objeto que robar lo que le da de comer a una familia”. Esta diferenciación, sostiene, debe reflejarse en la ley.

El campo mexiquense es una pieza clave en la economía estatal y nacional. Miles de familias dependen directamente de la agricultura para su sustento, y cualquier afectación a este sector tiene repercusiones que trascienden lo individual. La inseguridad no solo impacta la productividad, sino que también desalienta la inversión y el arraigo en las comunidades rurales, generando un círculo vicioso de abandono y vulnerabilidad.

En este sentido, la iniciativa del PRI se presenta como un intento de fortalecer las condiciones de seguridad en el campo, bajo la premisa de que no puede haber desarrollo sin garantías mínimas para quienes trabajan la tierra. La propuesta también abre el debate sobre la necesidad de políticas integrales que combinen acciones legislativas, estrategias de seguridad y apoyo directo a los productores.

Sin embargo, el éxito de una reforma de este tipo dependerá no solo de su aprobación, sino de su implementación efectiva. Expertos en seguridad han señalado en diversas ocasiones que el aumento de penas, por sí solo, no siempre se traduce en una reducción de los delitos si no va acompañado de una mejora en la capacidad de investigación y persecución.

Aun así, el mensaje político es claro: el campo no puede seguir siendo una víctima silenciosa de la delincuencia. La iniciativa impulsada por Lety Mejía busca colocar en el centro de la agenda pública a los campesinos mexiquenses, reconociendo que proteger sus herramientas de trabajo es, en última instancia, proteger la seguridad alimentaria y el tejido social de la entidad.