+ La iniciativa reforma el Código Penal para que la autoridad pueda actuar de manera más eficiente.
Ciudad de México
15/04/2026
La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina entregó ayer a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de Extorsión. Esta iniciativa, parte del Pacto Contra la Extorsión, marca un paso concreto en la construcción de una ciudad más segura para todas las personas.
La propuesta llega al Congreso respaldada por resultados concretos. Del primero de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 335 personas por extorsión y tentativa de extorsión.
En 2025, las detenciones crecieron 30% frente al año anterior, y las órdenes de aprehensión cumplimentadas en lo que va de 2026 representan un incremento de 170% respecto a 2019. Son números que hablan de una ciudad que avanza, que no se rinde y que pone la ley del lado de quienes trabajan y emprenden todos los días.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, señaló: “El Pacto marca un cambio relevante.
No se trata únicamente de una estrategia de seguridad. Es un modelo que reconoce que ningún esfuerzo aislado será suficiente. La coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es indispensable para cerrar espacios a la impunidad, pero también lo es la participación activa del sector empresarial, de las organizaciones sociales y de la propia ciudadanía”.
La iniciativa, suscrita por la Jefa de Gobierno y presentada a través del Secretario de Gobierno César Cravioto, propone tres cambios sustanciales al Código Penal local.
Primero, deroga el artículo 148 Quáter para armonizar la legislación de la Ciudad con la nueva Ley General en materia de extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2025, evitando contradicciones y fortaleciendo la coordinación con el gobierno federal.
Segundo, reforma el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima para incorporar expresamente la violencia física o moral como medio comisivo agravante.
Tercero, y como pieza central de la iniciativa, crea un Capítulo X al Código con el nuevo delito de Hostigamiento Coercitivo, tipificado en el artículo 148 Sexies, que contempla penas de tres a siete años de prisión para quien, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción, sin necesidad de que se acredite un daño causado o un beneficio obtenido por el agresor.
Esta última figura es clave. Hoy, la ley general exige que la extorsión produzca un resultado material para poder perseguirse: que el daño ocurra o que el beneficio se obtenga.
Eso dejaba fuera conductas intimidatorias muy reales y muy cotidianas que no llegaban a concretarse pero que ya sembraban el miedo en comerciantes, transportistas y vecinos.
Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá actuar desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que sea demasiado tarde.
La iniciativa también reforma el artículo 253 para incluir tanto la extorsión federal como este nuevo delito dentro del catálogo de delitos graves.
Por su parte, la diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó que la capital “va firme contra la extorsión”. Subrayó que, desde el Congreso local, se respaldarán estas acciones para fortalecer el marco legal, impulsar la denuncia, mejorar la atención a víctimas y avanzar hacia una política de cero tolerancia que proteja a la ciudadanía.
Este esfuerzo no nació en un escritorio. Nació del diálogo permanente con comerciantes, vecinos y pequeños empresarios que enfrentan a los extorsionadores sin más herramientas que su valentía.
El Pacto firmado el lunes junto con sectores empresariales convierte esa valentía en una apuesta compartida: el gobierno se compromete a garantizar atención inmediata, proteger a quien denuncia y llevar la estrategia a cada rincón de la ciudad; el sector privado se compromete a promover la denuncia, transferir capacidades y exigir resultados.

