Donde la capacitación laboral sigue siendo una práctica limitada entre las empresas mexicanas, la diputada Lilia Urbina Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que busca cambiar el paradigma actual mediante incentivos fiscales dirigidos a empleadores que inviertan en la formación de su personal. La propuesta, discutida en el Congreso del Estado de México, plantea otorgar un estímulo fiscal a personas físicas y jurídicas colectivas que acrediten haber implementado programas de capacitación o certificación de competencias laborales para sus trabajadores.

El planteamiento parte de una premisa clara: el modelo vigente, centrado en sanciones y obligaciones, no ha logrado consolidar una cultura de capacitación en el entorno empresarial. Por el contrario, la legisladora propone transitar hacia un esquema que reconozca y recompense las buenas prácticas, incentivando la inversión en capital humano como motor de productividad y crecimiento económico.

De acuerdo con la iniciativa, el estímulo fiscal se aplicaría a contribuyentes obligados al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. El beneficio se calcularía en función de la proporción de trabajadores que hayan concluido satisfactoriamente procesos de capacitación o certificación respecto del total de la plantilla laboral durante el periodo correspondiente. Sin embargo, el incentivo tendría límites claros: no podría exceder el 30 por ciento del impuesto causado en el mes, ni acumularse con otros beneficios fiscales estatales relacionados con las mismas erogaciones.

Uno de los puntos clave del proyecto es la exigencia de comprobación. Para acceder al estímulo, las empresas deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y demostrar que los programas de capacitación o certificación se llevaron a cabo efectivamente. Además, estos deberán estar respaldados por estándares reconocidos oficialmente o contar con el aval de la Secretaría del Trabajo estatal, garantizando así su calidad y pertinencia.

El documento también establece criterios específicos para el cálculo del beneficio. Solo se considerará a trabajadores con relación laboral vigente que hayan completado satisfactoriamente la capacitación o evaluación y cuenten con la acreditación correspondiente. Asimismo, el incentivo únicamente podrá aplicarse en la declaración del periodo en que se haya generado, evitando su uso retroactivo o acumulativo.

En términos de implementación, la propuesta contempla que el estímulo fiscal entre en vigor de manera ordinaria a partir del ejercicio fiscal 2027. No obstante, incluye una disposición transitoria que permitirá, por única ocasión, considerar las acciones de capacitación realizadas durante 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Para ello, se instruye a las secretarías de Finanzas y del Trabajo a emitir las reglas de operación necesarias.

Otro aspecto relevante es que el beneficio no generará saldos a favor, devoluciones ni compensaciones. Es decir, su aplicación se limitará exclusivamente a reducir el impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente, sin implicar transferencias adicionales de recursos públicos.

La propuesta cobra especial relevancia si se considera el contexto actual. Datos citados en la iniciativa revelan que solo el 15.3 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país capacitan a su personal. Más preocupante aún, en 2023 apenas el 5.6 por ciento de los negocios implementó este tipo de programas. Estas cifras reflejan una brecha significativa en la formación laboral, que impacta directamente en la competitividad y el desarrollo económico.

En el Estado de México, el panorama es aún más desafiante debido a la estructura empresarial predominante. Las microempresas representan el 97.2 por ciento de las unidades económicas, lo que implica que la mayoría de los empleadores cuentan con recursos limitados para invertir en capacitación. En este sentido, el estímulo fiscal propuesto podría convertirse en un instrumento clave para democratizar el acceso a la formación laboral y fortalecer el tejido productivo.

La iniciativa de Lilia Urbina abre el debate sobre la necesidad de replantear las políticas públicas en materia laboral. Más allá de las obligaciones legales, el reto consiste en generar condiciones que motiven a las empresas a invertir en su capital humano. De prosperar, este esquema podría marcar un cambio significativo en la forma en que se entiende la capacitación: no como un costo, sino como una inversión estratégica para el desarrollo sostenible.