Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las pensiones alimenticias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, senadoras y senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para impedir la salida del país a personas inscritas como deudoras en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

La propuesta plantea reformar la Ley de Migración para vincular dicho registro con los controles migratorios nacionales, de manera que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan abandonar el territorio mexicano mientras mantengan adeudos vigentes.

Las y los legisladores señalaron que esta medida busca garantizar que las obligaciones alimentarias sean atendidas de forma prioritaria, asegurando recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, salud y desarrollo integral de menores de edad.

Explicaron que la iniciativa pretende cerrar vacíos legales existentes entre distintas instituciones, fortalecer la coordinación entre autoridades y evitar que personas con responsabilidades alimentarias pendientes eludan sus obligaciones saliendo del país.

El grupo parlamentario subrayó que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados en México, ya sea por evasión deliberada de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos institucionales de cumplimiento.

Indicaron que esta situación obliga con frecuencia a madres, tutores o personas cuidadoras a asumir en solitario la carga económica del hogar, profundizando desigualdades sociales y económicas que afectan directamente a millones de familias.

Los senadores destacaron que la pensión alimenticia no debe considerarse una prestación ordinaria, sino una medida urgente de protección para garantizar la supervivencia, bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la argumentación, recordaron que durante 2024 se registraron 28 mil 148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en México, cifra que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.

Asimismo, señalaron que ese mismo año sólo en el 38.6 por ciento de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, lo que evidencia persistencia de rezagos legales y dificultades para garantizar este derecho en procesos familiares.

El Partido Verde también advirtió que millones de mujeres enfrentan la maternidad en condiciones de desventaja económica, muchas de ellas como jefas de familia, asumiendo solas responsabilidades que deberían ser compartidas.

En ese sentido, precisaron que la reforma propuesta a la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima y proporcional orientada a proteger el interés superior de la niñez.

Añadieron que la medida contribuiría a romper ciclos de pobreza, fortalecer la corresponsabilidad parental y generar mayores incentivos para el cumplimiento oportuno de obligaciones familiares.

Finalmente, las y los legisladores ecologistas hicieron un llamado para avanzar en mecanismos legales más eficaces que garanticen justicia familiar y eviten que el incumplimiento alimentario continúe afectando a millones de niñas, niños y hogares en todo el país.