Con el propósito de fortalecer la protección al campo mexiquense y combatir uno de los delitos que más afecta a las comunidades rurales, la diputada Leticia Mejía García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para imponer penas de 12 a 20 años de prisión a quien o quienes cometan el robo de tractores, maquinaria, implementos, insumos agrícolas o cualquier vehículo destinado a la producción agropecuaria.

La propuesta, expuesta durante sesión deliberante de la LXII Legislatura del Estado de México, plantea además sanciones económicas equivalentes de una a tres veces el valor de lo robado para quienes incurran en esta conducta delictiva.

La legisladora consideró necesario establecer un tipo penal específico dentro del Código Penal estatal, al señalar que actualmente no existe una figura jurídica que sancione de manera puntual el robo de herramientas y equipos indispensables para la actividad agrícola.

En la exposición de motivos, Leticia Mejía sostuvo que la inseguridad representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo del campo, ya que no sólo afecta el patrimonio de las y los productores, sino que inhibe la inversión, limita la productividad y genera incertidumbre permanente en las zonas rurales.

Indicó que miles de personas agricultoras realizan su trabajo bajo condiciones adversas, enfrentando además el temor constante de ser víctimas de extorsión o de robo, delitos que pueden despojarlas tanto del fruto de su esfuerzo como de los instrumentos necesarios para continuar produciendo.

La iniciativa destaca que el hurto de tractores, vehículos y maquinaria agrícola provoca daños severos a quienes dependen del campo como principal, y en muchos casos única, fuente de ingresos, por lo que la pérdida de estos bienes impacta directamente la estabilidad económica familiar.

Asimismo, advierte que estas conductas delictivas trascienden al productor afectado, ya que perjudican a toda la cadena de valor agroalimentaria, obstaculizan la autosuficiencia alimentaria y pueden generar repercusiones en el abasto y en el precio de productos básicos para la población.

La diputada subrayó que tractores, herramientas especializadas y vehículos de trabajo son piezas fundamentales para la producción agropecuaria moderna, al permitir la siembra, cosecha, traslado y mantenimiento de cultivos y actividades pecuarias.

De acuerdo con datos citados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2022 se registraron cerca de 15 mil 700 tractores propios entre personas productoras, mientras que cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que más del 35 por ciento de las unidades de producción identifican la inseguridad como su principal problema.

Respecto a la relevancia agrícola del Estado de México, la legisladora recordó que de los 2.2 millones de hectáreas de superficie rural en la entidad, más del 53 por ciento tienen uso y vocación agropecuaria.

Añadió que en más de 800 mil hectáreas de uso agrícola destacan cultivos anuales como maíz, avena, papa y jitomate; cultivos perennes como alfalfa, nopal, aguacate y agave; así como productos de agricultura protegida entre los que sobresalen fresa, pepino, chile, manzana y zarzamora.

Finalmente, Leticia Mejía sostuvo que proteger la maquinaria y herramientas del campo significa defender la producción alimentaria, el empleo rural y la economía de miles de familias mexiquenses, por lo que llamó a respaldar una reforma que fortalezca la seguridad en el sector agropecuario.