El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a 75 individuos identificados como familiares, socios personales o colaboradores cercanos de personas ligadas al Cártel de Sinaloa, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que detalló que estas sanciones se aplican en el marco de la Orden Ejecutiva 14059, la cual permite castigar a personas extranjeras involucradas en el tráfico global de drogas ilícitas, incluyendo el fentanilo.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión busca limitar la movilidad y operación de quienes, aunque no formen parte directa de las estructuras criminales, facilitan sus actividades. “La administración continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”, afirmó.


Las restricciones impedirán el ingreso de estas personas a territorio estadounidense y, según las autoridades, también buscan disuadir la continuidad de actividades ilícitas dentro de las redes delictivas. No obstante, no se revelaron los nombres ni detalles de los sancionados.


El anuncio se da en un contexto de endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado por parte del gobierno encabezado por Donald Trump, que ha designado al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, elevando las acusaciones de tráfico de drogas a narcoterrorismo.

Autoridades estadounidenses señalaron que este grupo criminal es uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia su territorio, además de mantener una estructura transnacional que le permite operar en diversos países.


Asimismo, la medida forma parte de una estrategia más amplia que apunta no solo a los líderes de los cárteles, sino también a sus redes de apoyo logístico y financiero, consideradas clave para su funcionamiento.

Este anuncio ocurre días después de que Washington también impusiera restricciones de visa a otras 26 personas en el hemisferio occidental, acusadas de actuar en favor de intereses adversarios a la seguridad nacional estadounidense.


Expertos en seguridad consideran que este tipo de sanciones refuerza la presión internacional contra organizaciones criminales y sus entornos, además de fortalecer la cooperación entre agencias para identificar y desarticular estas redes.