En medio de crecientes tensiones entre el gobierno federal y el sector gasolinero, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia directa a los concesionarios que continúan vendiendo diésel por encima del precio acordado de 28 pesos por litro. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 34 por ciento de las estaciones de servicio incumplen este compromiso voluntario, lo que ha encendido las alertas en la administración federal ante el posible impacto inflacionario que esto podría generar.

Durante su declaración, la mandataria mostró un tono visiblemente molesto al señalar que el gobierno ha implementado medidas fiscales para contener el precio del combustible, particularmente mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Sin embargo, subrayó que estos esfuerzos no están siendo correspondidos por una parte significativa del sector, que mantiene precios elevados pese a los estímulos.

“Se están destinando recursos públicos para evitar que suba el diésel, y aun así hay quienes no respetan el acuerdo. Esto no puede seguir así”, afirmó Sheinbaum, adelantando que su administración ya analiza nuevas acciones para frenar esta práctica. Entre ellas, no se descarta la implementación de medidas regulatorias más estrictas que obliguen a los concesionarios a alinearse con la política de contención de precios.

La presidenta también anunció que sostendrá una reunión clave con representantes del gremio gasolinero para abordar la problemática. Este encuentro, previsto para el día siguiente de sus declaraciones, buscará establecer compromisos más firmes y explorar mecanismos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Mientras tanto, el gobierno mantendrá su estrategia de presión pública a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que consiste en colocar mantas visibles en las estaciones que vendan el diésel por encima del precio sugerido. Estas advertencias buscan informar a los consumidores sobre los establecimientos con precios elevados y fomentar la competencia mediante la elección informada.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, respaldó esta política y destacó que ya ha tenido efectos en algunos casos, donde las estaciones han optado por reducir sus precios tras ser señaladas públicamente. No obstante, reconoció que aún persiste un número considerable de gasolineras que no han modificado sus tarifas.

En paralelo, el gobierno federal continúa monitoreando el comportamiento del mercado energético. Sheinbaum señaló que el precio del petróleo mexicano ha mostrado una tendencia a la baja, pasando de los 100 dólares por barril a aproximadamente 88 dólares en la actualidad. Este descenso, explicó, debería reflejarse en una disminución o al menos estabilidad en el precio del diésel, lo que refuerza la incongruencia de los precios elevados en algunas estaciones.

La preocupación del gobierno no es menor. El diésel es un insumo clave para el transporte de mercancías, y cualquier incremento en su precio tiene un efecto dominó sobre los costos logísticos y, en consecuencia, sobre los precios al consumidor. “Si sube el transporte, suben los productos. Es un impacto directo en la economía de las familias”, advirtió la presidenta.

Por otro lado, en un frente complementario, Escalante informó sobre avances en el control de precios de productos básicos. En una reunión reciente con los integrantes del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), se logró mantener el costo de una canasta de 24 productos esenciales en torno a los 900 pesos. Además, se acordaron medidas específicas para reducir el precio del jitomate y estabilizar el de la tortilla, dos alimentos fundamentales en la dieta mexicana.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del gobierno para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de la población. No obstante, el caso del diésel pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la administración para lograr una coordinación efectiva con el sector privado.