Trabajadores de los Tribunales Colectivos Laborales del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicados en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México, realizaron una protesta pública para denunciar presuntos actos de acoso laboral, agresiones verbales y abuso de autoridad atribuidos a la jueza electa Gabriela Treviño Garza.

Con pancartas y mensajes de inconformidad, el personal expresó su rechazo a que la funcionaria asuma responsabilidades jurisdiccionales, al considerar que existen señalamientos graves sobre su conducta dentro del ámbito laboral.

Uno de los mensajes centrales de la manifestación fue: “Una violentadora no debe ser juzgadora”, consigna con la que los inconformes buscaron visibilizar lo que describen como un patrón de hostigamiento y trato indigno hacia trabajadores adscritos a esos órganos judiciales.

De acuerdo con los manifestantes, entre las principales quejas se encuentran presuntos episodios de acoso laboral, denuncias infundadas contra personal subordinado, presión institucional y agresiones verbales que, aseguran, han deteriorado el clima laboral y afectado la estabilidad emocional de quienes laboran en esa sede judicial.

Los trabajadores sostienen que una persona señalada por ese tipo de conductas no debería ocupar una posición encargada de impartir justicia, especialmente en materias sensibles como la laboral, donde se resuelven conflictos relacionados con derechos de los trabajadores.

La protesta también refleja la tensión interna que atraviesa el Poder Judicial en medio del proceso de renovación y elección de nuevos perfiles jurisdiccionales, donde diversos sectores han demandado mayor escrutinio sobre la trayectoria, ética y desempeño de quienes buscan ocupar cargos judiciales.

Los inconformes solicitaron que las autoridades competentes revisen los antecedentes administrativos y laborales del caso, así como las denuncias formuladas por personal afectado, antes de consolidar cualquier nombramiento definitivo.

Hasta el momento no se ha emitido una postura pública oficial de Gabriela Treviño Garza respecto a los señalamientos, ni del Consejo de la Judicatura o instancias internas del Poder Judicial relacionadas con la manifestación.

El caso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema judicial, particularmente en temas de violencia laboral, respeto institucional y condiciones dignas de trabajo para el personal jurisdiccional y administrativo.