El senador señaló que cualquier participación de agentes extranjeros en México debe sujetarse estrictamente a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en México la ley no admite interpretaciones cuando se trata de soberanía nacional y respeto al marco constitucional, al referirse a los hechos relacionados con un operativo de seguridad realizado en el estado de Chihuahua.

El legislador sostuvo que la Senado de la República mantiene una posición firme respecto a que toda actuación vinculada con política exterior y seguridad nacional debe apegarse plenamente al marco jurídico vigente, al considerar que se trata de facultades exclusivas del Estado mexicano.

Mier Velazco subrayó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la conducción de la política exterior y la seguridad nacional corresponde al Ejecutivo Federal, mientras que la Ley de Seguridad Nacional regula con precisión la actuación institucional en esta materia.

En ese contexto, señaló que los hechos dados a conocer públicamente sobre un operativo en Chihuahua, en el que se ha mencionado la presunta presencia y participación de agentes extranjeros en territorio nacional, no deben analizarse desde la percepción política, sino desde la legalidad y el cumplimiento de la norma.

El senador indicó que resulta indispensable esclarecer diversos puntos centrales, entre ellos si existió autorización formal del Gobierno Federal, cuál fue el alcance de la intervención de los agentes extranjeros y bajo qué cadena de mando se desarrolló el operativo.

Por ello, adelantó que el Senado, en ejercicio de las atribuciones constitucionales previstas en el artículo 76, intervendrá invitando a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el propósito de verificar, mediante la documentación correspondiente, que se respetó plenamente el marco constitucional.

Ignacio Mier reiteró que, en asuntos relacionados con la soberanía nacional y el Estado de derecho, la eficacia operativa nunca puede colocarse por encima de la ley.