Tultitlán atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Lo que alguna vez fue una demarcación con potencial de desarrollo en el Estado de México, hoy es señalado como un ejemplo preocupante de malas prácticas gubernamentales, donde la opacidad, el presunto desvío de recursos y el nepotismo parecen haberse arraigado en la estructura del poder municipal. Así lo denunció la dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, quien acusó directamente a los gobiernos emanados de Morena de haber convertido al municipio en un “rehén de la corrupción”.

Durante una conferencia de prensa, Ruiz Sandoval trazó un panorama crítico sobre la situación política y administrativa de Tultitlán, asegurando que lejos de existir un cambio real, lo que prevalece es la continuidad de grupos políticos y familiares que, según dijo, mantienen estancado al municipio. En el centro de estas acusaciones se encuentra la actual presidenta municipal, Ana María Castro Fernández, así como su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, lo que refuerza —según la dirigente priista— la percepción de un control político basado en vínculos familiares.

“La ciudadanía merece saber dónde termina el gobierno y dónde comienzan los intereses personales”, subrayó Ruiz Sandoval, al referirse a la presencia de al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa dentro de la administración municipal, así como al hecho de que el esposo de la exalcaldesa, José Alfredo Contreras Suárez, ocupe actualmente un cargo clave como secretario del Ayuntamiento.

Pero más allá de los señalamientos de nepotismo, uno de los aspectos más delicados expuestos por la dirigente priista tiene que ver con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la información presentada, existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, bajo la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02. Esta indagatoria está relacionada con una presunta operación irregular de carácter inmobiliario en la comunidad de San Francisco Chilpan.

Según los datos disponibles, el municipio habría destinado 38.5 millones de pesos para la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales sin certeza jurídica, a los que posteriormente se sumaron otros 5 millones de pesos, alcanzando un total de 43.5 millones comprometidos en una operación cuestionada por su legalidad y transparencia. A esto se agregan contratos por más de 72.7 millones de pesos asignados a una sola empresa, lo que ha despertado sospechas sobre posibles prácticas de favoritismo o falta de competencia en los procesos de adjudicación.

Además, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones por 2.8 millones de pesos debido a inconsistencias, falta de documentación y posibles malos manejos de recursos públicos, lo que refuerza la preocupación sobre la rendición de cuentas en el municipio.

Mientras estas cifras dibujan un escenario financiero preocupante, la realidad cotidiana de los habitantes de Tultitlán refleja otra cara del problema: el abandono de los servicios básicos y la creciente inseguridad. De acuerdo con los datos citados, ocho de cada diez ciudadanos se sienten inseguros, una cifra alarmante que evidencia la falta de estrategias efectivas en materia de seguridad pública.

A esto se suman problemas estructurales que afectan directamente la calidad de vida de la población. El 74 por ciento de los habitantes enfrenta dificultades relacionadas con el suministro de agua potable, mientras que el 92 por ciento reporta afectaciones por el mal estado de las vialidades, particularmente por la proliferación de baches.

Para Ruiz Sandoval, esta situación es consecuencia directa de un gobierno más enfocado en intereses internos que en atender las necesidades urgentes de la población. “Tultitlán no puede seguir así. Se requiere orden, transparencia y un compromiso real con la ciudadanía”, enfatizó.

En este contexto, la dirigente estatal del PRI exigió la realización de auditorías exhaustivas, avances claros en las investigaciones abiertas y, sobre todo, resultados concretos que permitan esclarecer los hechos y garantizar justicia para las familias del municipio.