El Congreso del Estado de México dio un paso clave al recibir la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Este acto no solo marca el inicio de un proceso técnico y legislativo de revisión financiera, sino que también representa un momento político significativo en el que autoridades y legisladores coinciden en un objetivo común: reforzar la confianza ciudadana a través de la transparencia y la fiscalización responsable de los recursos públicos.

Durante la entrega formal, realizada por representantes del gobierno estatal, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que este proceso exige “atención, método y compromiso”. Sus palabras reflejan la magnitud de la tarea que asumirá el Poder Legislativo en las próximas semanas, en coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), instancia encargada del análisis técnico de la información financiera.

Acompañado por legisladores de distintas fuerzas políticas, Vázquez Rodríguez destacó que la revisión de la cuenta pública no es un ejercicio meramente administrativo, sino un mecanismo fundamental para acercar la información a la ciudadanía. Enfatizó que este proceso permite evaluar si las obras prometidas se ejecutaron, si los programas públicos cumplieron sus objetivos y si el gasto se realizó con responsabilidad. “Cuando se informa y se revisa, se fortalece la confianza”, afirmó, sintetizando el espíritu de esta etapa de escrutinio institucional.

En la misma línea, la presidenta de la Directiva del Congreso, Martha Azucena Camacho Reynoso, señaló que la fiscalización representa un pilar del equilibrio republicano. Desde su perspectiva, no se trata de un trámite burocrático, sino de un mecanismo constitucional de control que garantiza que el presupuesto público se ejerza en función del interés colectivo. Añadió que la cuenta pública va más allá de cifras y balances: es un reflejo de la capacidad del Estado para administrar recursos y traducirlos en mejoras concretas en la calidad de vida de la población.

La legisladora hizo énfasis en la importancia de evaluar el impacto del gasto en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad pública, sectores que concentran las principales demandas sociales. Asimismo, reconoció que la actual administración estatal ha promovido una política basada en la austeridad, el orden financiero y la orientación social del presupuesto, elementos que, dijo, deben analizarse con rigor para confirmar su efectividad.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, presentó un panorama detallado de las finanzas estatales. Informó que la cuenta pública está integrada por un amplio conjunto de documentos, incluyendo 13 tomos principales, 10 volúmenes complementarios y un compendio digital del patrimonio estatal, lo que permite un análisis exhaustivo y transparente.

En términos de ingresos, destacó que el Estado de México registró 414 mil 959 millones de pesos, cifra superior en casi siete por ciento a lo estimado en la Ley de Ingresos. Este incremento, equivalente a más de 26 mil millones de pesos adicionales, se explica en parte por el crecimiento del 12 por ciento en los ingresos tributarios. En cuanto al gasto, detalló que se ejercieron 399 mil 113 millones de pesos, lo que representa el 98 por ciento del presupuesto autorizado, con un enfoque orientado a eliminar erogaciones innecesarias y priorizar programas de impacto social.

El funcionario subrayó que el 78 por ciento del gasto total fue programable y se destinó principalmente a sectores estratégicos, lo que confirma, según dijo, que el presupuesto es una herramienta de transformación social. Aseguró además que los resultados del ejercicio fiscal 2025 reflejan finanzas públicas sólidas, equilibradas y sostenibles.

Finalmente, la Cuenta Pública fue turnada a la Comisión de Vigilancia del OSFEM, que se encargará de canalizarla al órgano fiscalizador para su revisión técnica. Este proceso, que se desarrollará en los próximos meses, será determinante para evaluar el desempeño del gobierno estatal y, sobre todo, para consolidar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.