Ciudad de México
28/04/2026
Para brindar certeza y transparencia sobre la participación comprobada de productores agrícolas dentro del programa Del Campo a la Ciudad, el coordinador de la Bancada Naranja en el congreso local, Royfid Torres González, solicitó a la Secretaría de Participación Ciudadana un informe pormenorizado que respalde el uso de denominación, pero sobre todo refleje un beneficio al sector eliminando a los intermediarios.
En el uso de la tribuna, el legislador hizo un exhorto para que el titular de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México envíe un informe pormenorizado al legislativo, del 8 de agosto del 2025 a la fecha, sobre los mecanismos de adquisición de los productos ofertados, listados de los productores y, en caso de existir, de los intermediarios exponiendo las razones por las que se encuentran distribuyendo dichos suministros; en segundo término, solicitó que el titular realice las adecuaciones necesarias a la reglas de operación, en congruencia con el espíritu del programa.
Pese a que el objetivo es el abasto directo a las y los chilangos de zonas con bajos índices de desarrollo social, las reglas de operación de este programa no establecen la obligación a cargo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana para comprar directamente a las personas productoras del campo; únicamente señalan que se realizarán acuerdos con personas productoras del campo y convenios de colaboración, sin detallar el procedimiento ni las condiciones bajo las cuales se regirán.
«Esta ambigüedad conlleva a tres elementos de análisis: la imprecisión de los mecanismos de adquisición, la ausencia de ellos con la implementación y verificación, y que las personas productoras del campo no están contempladas como beneficiarias del programa, ya que sólo tienen como beneficiarios del mismo a personas facilitadoras de servicios y a las personas consumidoras, omitiendo por completo incluir en el padrón de beneficiarias y beneficiarios a las personas productoras del campo», sostuvo.
Dicha omisión tiene implicaciones directas en la economía de agricultores y personas trabajadoras del campo, de quienes se adquieren los productos que siembran y cosechan a un costo muy por debajo del precio comercial.
Si el objetivo del programa es facilitar y consolidar un vínculo directo entre las y los consumidores y las personas productoras de bienes y alimentos, resulta necesario verificar y garantizar que dicho propósito se cumpla a cabalidad.
«En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que los programas sociales como Del Campo a la Ciudad, son necesarios en aras de garantizar la seguridad alimentaria. No estamos en contra de la existencia del programa, sino que bajo este derecho se oculte información e, indirectamente, se afecte a las y los comerciantes de la Ciudad. Por ello, la presente proposición con punto de acuerdo tiene el objetivo dual expuesto», señaló.

